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12.07.2022

COVID-19: una solidaridad de fachada, un fracaso global para salvar vidas

Por muy prometedoras que fueran las declaraciones de solidaridad al principio de la pandemia -con iniciativas como COVAX o la propuesta de exención de los ADPIC- los países desarrollados las bloquearon e impidieron. Parece que no hemos aprendido nada de la pandemia del VIH/sida.

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Por Melissa Scharwey, especialista en Acceso a Medicamentos en Médicos Sin Fronteras Berlín

Los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han estado dos años negociando, estaba en juego nada menos que el acceso mundial a los productos médicos para la COVID-19. Un problema global que solo podía resolverse globalmente, todos estaban de acuerdo. El resultado de las negociaciones suele celebrarse como un éxito, pero en el caso de la decisión tomada el 17 de junio, la celebración estaría totalmente fuera de lugar, porque el acuerdo que se alcanzó sobre los ADPIC no tiene el efecto que podría y debería tener y es un peligroso ejemplo para futuras pandemias.

Las crisis siempre encierran un potencial de desarrollo
Por muy prometedoras que fueran las declaraciones de solidaridad al principio de la pandemia, cuando se trató de poner en marcha iniciativas como COVAX o la propuesta de exención de los ADPIC, fueron precisamente los países desarrollados los que las bloquearon e impidieron. Colectivamente, parece que no hemos aprendido nada de la pandemia del VIH/sida. 

Por desgracia, se ha perdido la oportunidad de tomarse en serio la salud global y asegurar su sostenibilidad. Un sistema sanitario mundial dependiente de unas pocas grandes empresas farmacéuticas en los países desarrollados no está a la altura de los retos a los que nos enfrentamos desde hace dos años y a los que nos enfrentaremos de nuevo. Sin embargo, nuestros responsables políticos han dejado esos pasos necesarios para cambiarlo a las generaciones venideras.

Una resolución que empeora las cosas

La solicitud que Suráfrica e India presentaron a la OMC en octubre de 2020, combinada con la rápida transferencia de tecnología y la ampliación de la capacidad de producción, podría haber salvado muchas vidas.

En cambio, la decisión que se ha tomado se desvía del objetivo real de la solicitud de exención de los ADPIC hasta tal punto que ya no se puede hablar de una medida eficaz para el control de la pandemia. Estas son las principales críticas:

  1. Instrumento ineficaz en lugar de solución integral. No se ha concedido la pretendida suspensión de los derechos de propiedad intelectual mientras durara la pandemia. En su lugar, se habla de un instrumento ya existente para ampliar la producción para el caso de la pandemia: las licencias obligatorias [1]. Sin embargo, las licencias obligatorias deben negociarse individualmente para cada producto y país, un proceso extremadamente largo y con un final abierto en cada caso, que hace imposible actuar con rapidez. En otras palabras: inadecuado para una pandemia.  
  2. Solo vacunas en lugar de todos los productos médicos relevantes para la COVID-19. Solo se pueden conceder las licencias obligatorias para las licencias de vacunas COVID-19. Sin embargo, las pruebas de diagnóstico y los medicamentos, por ejemplo, son al menos igual de importantes para la respuesta a la pandemia. Los países con bajas tasas de vacunación dependen especialmente de ellos. Y lo necesitan ahora, no dentro de seis meses, cuando el tema vuelva a estar en la agenda.
  3. No hay producción para los fabricantes existentes en el sur global. A los países del sur global que ya tienen capacidad de producción nacional se les ha pedido no usar la opción de las negociaciones de licencias obligatorias. Y para los países elegibles, la exención solo es válida durante cinco años. Por tanto, aunque puedan invertir en nueva capacidad de producción ahora, tendrán que dejar de producir dentro de cinco años, cuando expire la validez de la exención.

El poder siempre busca preservarse
Así, esta decisión no ayuda a contener la pandemia. Además, con la producción actual en el sur global, ata las manos de quienes ahora podrían ayudar a más personas a acceder a los productos de COVID-19 de forma más rápida y barata. 

Esta decisión no contribuirá significativamente, si es que lo hace, a una distribución y acceso más equitativos a las vacunas. Pero es que además solo se podrían producir vacunas -si las respectivas negociaciones de licencias obligatorias resultan positivas-, pero en la actualidad se necesitan urgentemente medicamentos

Esta decisión consolida los defectos del propio sistema y esto es especialmente peligroso en vista de las pandemias que se avecinan. 

Europa no ha estado a la altura de las circunstancias
El resultado y, sobre todo, el papel de los gobiernos europeos es descorazonador porque, en lugar de ponerse pragmática y valientemente del lado de los más de 100 países que apoyaron una propuesta concreta para la contención rápida y global de la pandemia con la exención de los ADPIC, Europa bloqueó, retrasó e influyó negativamente en las negociaciones.

Durante décadas, hemos observado cómo nuestros pacientes a menudo no pueden ser tratados adecuadamente porque, o bien faltan medicamentos modernos y eficaces, como en el campo de la tuberculosis y las mordeduras de serpiente, o bien los altos precios hacen que los medicamentos sean inasequibles, como en el campo de los nuevos medicamentos para el VIH y la hepatitis. Esto se debe a que el sistema de investigación médica no está orientado a las necesidades sanitarias, sino a las oportunidades de lucro. Este error sistémico se vuelve contra nosotros especialmente durante las pandemias. 

Aquellos que se preguntan por qué en Médicos Sin Fronteras nos preocupamos por el derecho comercial internacional, como los ADPIC, ahora pueden entenderlo: nos vemos obligado a hacerlo. Por sí solos, los gobiernos de los países desarrollados no crearán un sistema de salud global sostenible y adecuado a las necesidades de todos.

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[1] La concesión de licencias obligatorias está consagrada en las flexibilidades de los ADPIC y, en general, es un mecanismo importante que permite a los gobiernos obligar a otros fabricantes a producir versiones genéricas de un producto sanitario, incluso si está protegido por derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en caso de una emergencia sanitaria nacional.

Artículo publicado originalmente en Agencia SINC.