Vacuna COVID-19

Umunyana Rugege, abogada, es directora de Section27, organización sudafricana de defensa de los derechos humanos y la justicia social. Entre los casos que ha liderado, se cuentan varios relacionados con el derecho a la salud y el acceso.

Lograr que estos 60 millones de dosis salgan de los estantes y lleguen a los brazos lo antes posible protegerá directamente a 30 millones de personas frente a la COVID-19. Pero se necesita más.

El acaparamiento de vacunas de la COVID-19 por los países ricos y las barreras de las patentes agravan los problemas de acceso de los países en desarrollo.

Cada vez es mayor el clamor internacional que pide la suspensión de las patentes de la COVID-19 mientras dure la pandemia.

Por fin tenemos vacunas, pero debemos superar el cuello de botella que plantea una producción a escala global: la tensión aumenta entre la capacidad de fabricación de vacunas y la veloz demanda.

El actual sistema de producción y suministro de las vacunas, concentrado geográficamente y controlado por las farmacéuticas, no sirve para responder a la COVID-19. “Se trata de salvar vidas, no de proteger sistemas”, denunciamos ante la OMC.

Apoyamos la Declaración de Barcelona para la liberación de patentes de vacunas de la COVID-19. Porque la pandemia no puede fomentar aún más las desigualdades globales.

Nos aliamos con otras organizaciones de salud para vacunar comunidades que aún no han sido inmunizadas.