Back to top
23.11.2020

“La pandemia ha puesto en valor la importancia de lo público”

Javier Padilla es médico de familia. Combate las desigualdades, entre ellas la enfermedad.

-A A +A

“Los virus no entienden de clases sociales” dicen… ¿pero es cierto?
Los virus no entienden de clases sociales, pero la manera en la que nos exponemos a ellos sí que lo hacen, y mucho. La situación en los barrios del sur de Madrid, los temporeros de Cataluña o los millones de personas con empleos informales en América Latina nos muestran que la exposición al coronavirus está estratificada por clase social.

¿A quién está exponiendo más la COVID-19?
La COVID-19 nos ha descubierto multitud de condiciones de vulnerabilidad, ya presentes con anterioridad, pero que han logrado un foco que antes se les negaba. En un primer momento, las personas mayores y dependientes que recibían cuidados en residencias recibieron la peor parte de la pandemia, mientras que en la situación posterior a la primera ola parece haberse exacerbado el impacto de clase de la pandemia, cebándose de forma importante en las personas con peores condiciones sociales (vivienda, empleo, renta, transporte, entorno urbano…).

La mortalidad de los mayores en residencias fue muy alta en la primera ola ¿Crees que los centros y el sistema de atención están preparados ahora?
Creo que no podemos hacer un diagnóstico generalizado. Ha habido prácticas que desde un primer momento fueron buenas, como en Asturias, y sitios que sí se han reforzado desde entonces. Sin embargo, tenemos un problema de modelo, no solamente de formas concretas de cuidado o prácticas que puedan ser evitadas, y eso tardaremos mucho en poder cambiarlo. Estamos viendo cómo sigue habiendo brotes en residencias, pero por otro lado también cómo hay un cierto nivel de protección especial por parte de la sociedad hacia las personas mayores y dependientes.

¿Cómo vives desde la Atención Primaria la presión que la epidemia está ejerciendo sobre el sistema?
La situación es de colapso, y la vivencia es, por un lado, de agotamiento e impotencia por saber que lo que estamos haciendo dista mucho de ser Atención Primaria, dado que esta no es un lugar, sino una forma de practicar los cuidados de la población; por otro lado, frustración al saber que hay una parte importante de la población a la que no estamos llegando, tanto por el colapso como por las barreras formales e informales que se han ido levantando en estos meses, y eso está generando inequidades directamente vinculadas con la práctica sanitaria.

MSF indicó en un informe que la falta de EPI y de test había contribuido a la alta tasa de contagios entre los sanitarios y mermado la capacidad de respuesta ¿Se ha corregido?
Creo que en la primera ola hubo un problema doble con los EPI, por un lado su falta, pero por otro, la ausencia de instrucciones precoces para su uso, lo cual hizo que hubiera muchos contagios entre sanitarios en los momentos iniciales. Ahora estamos mejor, entre otras cosas, porque se controla mucho la forma de contacto con el paciente, pero además creo que sí que se ha intentado adquirir cierta reserva de EPI. Ahora bien, si hay un incremento importante de casos en todo el mundo y volvemos a entrar en competencia internacional habría que ver si el abastecimiento que hemos hecho es suficiente.

Hay voces que alertan del “nacionalismo de la vacuna” contra la COVID…
Se ha puesto el foco en el desarrollo de la vacuna y su seguridad, pero me parece un reto incluso mayor su distribución, y que esta sea justa. En términos de salud global, en medio de una pandemia, lo más beneficioso sería una distribución más o menos homogénea en todos los países, sin convertir la vacunación en un ejercicio de poder económico o de monopolio de la propiedad industrial.



Más allá de la COVID

¿Peligra la universalidad de los sistemas públicos?
Sí, es paradójico que cuando se ha incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay países que dan marcha atrás. Hay dos factores: la crisis económica y el resurgimiento de discursos auspiciados por lo que Carolyn Emcke llama “el exhibicionismo del resentimiento”. La universalidad es un valor, no una carga.

¿Ha acrecentado la pandemia esta tendencia?
Yo creo que al revés; la pandemia ha puesto en valor dos aspectos clave: la interdependencia y la importancia de lo público, y no hay ningún valor que represente mejor estos aspectos que la universalidad de los servicios de salud.

¿A quién dejamos morir en España con los recortes en la universalidad?
Los estudios dicen que a 70 inmigrantes indocumentados al año, por el Real Decreto 16/2012; o a personas dependientes sin ayudas del Estado.

Nuestras ciudades son una cartografía en la que barrios con menos renta coinciden con zonas con menor esperanza de vida (y viceversa). Hay que mirar menos el DNA (siglas en inglés de ADN) y más el DNI. Nos obsesionamos por identificar un gen pero hacemos oídos sordos a ese ‘genoma social’ que da muchísimos datos.

Dices que el lucro es parasitario ¿Qué límites debemos poner?
El más claro: el conocimiento que es de todos debe revertir en todos. Los sistemas sanitarios públicos no pueden pagar dos veces: cuando ceden el conocimiento que han generado y cuando lo compran.

“Secuestro del conocimiento público” le llamas…
Lo datos de Farmaindustria dicen que el 42% de la I+D en España es pública. La pública se centra en I+D básica y la privada en aplicada, pero es esta la que obtiene los beneficios de explotación.

En el ámbito de salud global, hay una desconexión entre lo que se necesita y lo que se investiga, y entre donde se consumen y donde se requieren. MSF lo sabe mejor que nadie.

La escalada del precio de los fármacos amenaza la sostenibilidad de los sistemas.
Durante años, las innovaciones tenían un valor terapéutico muy bajo. De repente, nos encontramos con nuevos fármacos como los de la hepatitis C muy caros y con gran valor terapéutico.

Con el actual sistema de remuneración, esto no se sostiene. Tenemos que romper el tablero: repensar el modelo de innovación, variar la forma como se fijan los precios y cambiar la relación de poder entre Gobiernos e industria farmacéutica. Hoy, esta tiene la sartén cogida por el mango.

Novartis ha tasado una terapia génica en 1,9 millones de euros y sortea 100 tratamientos.
Es como una distopía​ farmacéutica en la que el criterio para impartir justicia es la lotería. En este caso es más preocupante por la significación ética que por la económica: cuestiona la legitimidad del sistema para redistribuir bienestar.

Propones una industria pública de medicamentos.
Al menos, a escala europea. Se ha planteado que el Estado, ante el desabastecimiento, fabrique los que faltan, pero sería como crear un banco malo: una farmacéutica mala para los fármacos no rentables. Hay que optar por una industria pública que haga investigación básica y aplicada y comercialice el producto. En EE. UU., varios hospitales han creado una empresa colectiva para crear genéricos y no estar a expensas de los precios de la industria. 

¿Cómo debe responder un sanitario ante las denegaciones de atención como la que planteaba el Real Decreto 16/2012?
Ejecutando una especie de objeción de conciencia frente a leyes injustas y mediante un activismo en salud pública. Estamos ante medidas que son contrarias a los datos. No existe un efecto llamada por tener acceso a la salud.

Javier Padilla ha publicado dos ensayos sobre los determinantes sociales de la salud: ¿A quién vamos a dejar morir’ y ‘Epidemiocracia’, esta junto al epidemiólogo Pablo Gullón, (ambas en Capitán Swing).