Dos meses de los ataques en Palma: las secuelas de la violencia en Cabo Delgado
La crisis humanitaria en el norte de Mozambique se agrava y el número de desplazados se multiplica por seis en un año y aumenta sin parar. Hasta la fecha, casi 700.000 personas, un tercio de la población de la provincia, han tenido que abandonar sus hogares y soportar un viaje muy duro hasta llegar a un lugar seguro.
Los ataques en Palma (de los que se cumplen dos meses) son ilustrativos de la violencia a la que se ve expuesta la población en el conflicto en Cabo Delgado, en Mozambique, un conflicto que ha aumentado en intensidad y extensión en el último año. En Palma, como en muchos ataques anteriores, la violencia golpeó a la comunidad, incluidos mujeres y niños y niñas, y miles de personas se vieron obligadas a huir para salvar sus vidas, mientras que otras permanecieron atrapadas en los asentamientos cercanos al complejo de gas de Afungi. Quienes han regresado a Palma siguen enfrentándose a la inseguridad.
El número de personas desplazadas por el conflicto en Cabo Delgado aumenta rápidamente y sin parar. Casi 700.000 personas, un tercio de la población de la provincia, han tenido que abandonar sus hogares (muchas de ellas en varias ocasiones) y soportar un viaje muy duro hasta llegar a un lugar seguro. A menudo han huido, por el mar o por el interior a través del bosque, solo con la ropa que visten, han visto cadáveres por el camino y han tenido que sobrevivir al camino con la escasa comida y agua que pudieron encontrar.
“Durante la huida, la gente llega a pasar hasta 15 días en el bosque, sin agua, sin comida, con enfermedades… y llegan realmente con un sentimiento de terror y de pérdida tremendo”, explica Aitor Zabalgogeazkoa, nuestro coordinador de emergencias en Cabo Delgado.
Más del 90% de las personas que huyeron del conflicto han sido albergadas por familiares y amigos en las comunidades de acogida. La crisis está ejerciendo una enorme presión sobre los ya limitados recursos de las comunidades de acogida. Pequeños hogares familiares albergan ahora a menudo a más de 20 personas y los alimentos y otros recursos son insuficientes. Mientras que la ayuda humanitaria se dirige en gran medida a los campos de reasentamiento temporal, las comunidades de acogida tienen dificultades para satisfacer necesidades tan básicas como la alimentación, el agua, el saneamiento, la protección y la atención sanitaria, y a menudo viven en condiciones precarias, de hacinamiento y antihigiénicas que crean el entorno perfecto para la propagación de enfermedades.
Los que no pueden quedarse con la familia acaban en lugares de reubicación o aldeias. Quienes buscan refugio en estos emplazamientos tienen que esperar a menudo durante semanas en las zonas de tránsito hasta que se les asigna un espacio. Algunos asentamientos temporales no reúnen condiciones dignas y las familias desplazadas suelen dormir al raso expuestos a los elementos y a los mosquitos que transmiten la malaria. La creciente demanda de asistencia ha superado la capacidad de los servicios de las autoridades locales y de las organizaciones de la sociedad civil en Cabo Delgado. Los esfuerzos nacionales para dar una respuesta también son insuficientes y las necesidades básicas de la población (incluyendo alojamiento, alimentación, agua, saneamiento, protección y atención) siguen sin ser satisfechas en gran medida. Agencias de la ONU y algunas ONG internacionales están presentes en la provincia, pero solo pueden cubrir parcialmente las crecientes necesidades de los afectados. Resulta esencial ampliar urgentemente la provisión de ayuda.
“La situación no tiene perspectivas de mejorar, por eso estamos aumentando la respuesta y pidiendo a la comunidad internacional, a la sociedad civil y al Gobierno que aumenten la capacidad de acogida y atención. La violencia no tiene visos de acabar en el corto plazo y esta gente va a necesitar ayuda durante mucho tiempo”, afirma Aitor Zabalgogeazkoa.
Enorme sufrimiento
Las personas afectadas por el conflicto en Cabo Delgado han soportado niveles extremadamente altos de violencia y trauma. Las familias han sido separadas, muchos han perdido a sus seres queridos, sus hogares o sus medios de vida. Incluso quienes han huido no tienen garantizada la seguridad y siguen viviendo con miedo a nuevos ataques. El conflicto ha tenido un tremendo impacto psicológico en las comunidades; sin embargo, Cabo Delgado carece de programas formales de salud mental para atender estas necesidades.
El 36% de las instalaciones sanitarias de la provincia han sido dañadas o destruidas por la violencia. Otras muchas no están operativas porque el personal sanitario huyó por el conflicto. El suministro de medicamentos es también un reto constante debido a la inseguridad de las carreteras. Ya a finales de 2020, no había clínicas funcionales en los distritos más afectados por el conflicto (Mocimboa da Praia, Macomia, Muidumbe y Quissanga).
“En las zonas afectadas por la violencia los centros de salud están vacíos y en las zonas donde están siendo acogidos los desplazados, demasiado llenos. El sistema está teniendo dificultades para brindar atención sanitaria y readaptar los programas de salud más críticos en la zona dirigidos a la malaria, el cólera o el VIH”, relata nuestro coordinador de emergencias.
El distrito de Palma se ha añadido a esta lista tras el ataque del 24 de marzo. La inseguridad de las zonas de Cabo Delgado impide proporcionar cuidados críticos, como la atención sexual y reproductiva, vacunaciones, acceso antirretrovirales para las personas que viven con VIH y el tratamiento de la tuberculosis, que tienen una prevalencia muy alta en Mozambique. Además, en las zonas a las que están llegando los desplazados, las estructuras sanitarias están desbordadas al no tener suficiente personal ni medicamentos. Los programas nacionales de salud más importantes se han visto interrumpidos. La atención al VIH/sida, la tuberculosis, la malaria, las vacunas prenatales y rutinarias y el cólera se han visto afectados.
El cólera y la malaria son endémicos en Cabo Delgado. Aunque los casos de cólera han disminuido, existe el riesgo de que se produzcan nuevos brotes de enfermedades, como la malaria, el sarampión o la COVID-19.
La crisis, en cifras
- En marzo de 2020, había 156.000 personas afectadas por la violencia en la provincia de Cabo Delgado. Hoy Naciones Unidas y organizaciones humanitarias estiman que más de 1,3 millones de personas podrían estar en extrema necesidad de asistencia humanitaria debido al conflicto.
- Se estima que 580.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares en 2020 producto de unos ataques que siguen aumentando geográficamente y en intensidad.
- En Cabo Delgado hay 697.500 personas desplazadas. La mayoría se encuentran en Pemba (151.553), Metuge (119.317), Mueda (82.079), Ancuabe (60.617) y Montepuez (55.963).
- 2,7 millones padecen una grave inseguridad alimentaria en Mozambique, de estas, al menos 840.000 viven en Cabo Delgado, Niassa y Nampula.
Nuestra respuesta
Trabajamos en Mozambique desde 1984. En este tiempo, nuestros equipos han respondido a emergencias sanitarias y humanitarias en todo el país. Hemos llevado a cabo programas sobre VIH, tuberculosis, desnutrición, malaria, cólera, desastres naturales, COVID-19 y respuesta a las necesidades de las personas afectadas por el conflicto.
Estamos presentes en Cabo Delgado desde febrero de 2019. Respondimos a las secuelas del ciclón Kenneth que tocó tierra en abril de 2019 y llevamos a cabo intervenciones médicas y de agua y saneamiento en Mocimboa de Praia y Macomia hasta que nos vimos obligados a suspender las actividades de Mocimboa de Praia en marzo de 2020 y de Macomia en mayo de 2020 después de que grupos armados tomaran el control de dichas ciudades.
Nuestros compañeros y compañeras brindan asistencia sanitaria, incluida salud mental, a las personas desplazadas y a las comunidades de acogida, y apoyan a los centros de salud y a los centros de tratamiento del cólera a través de clínicas móviles. También distribuyen "artículos no alimentarios" (como lonas de plástico para los refugios, mosquiteras, lotes de artículos de higiene, cocina y herramientas para la agricultura) para las personas desplazadas que viven en asentamientos temporales y que lo perdieron todo en la huida. También organizamos el suministro de agua potable y trabajamos en la mejora del saneamiento mediante la construcción de letrinas.
En estos momentos, prestamos asistencia sanitaria primaria a las personas desplazadas en los asentamientos temporales de 25 de Junho, Ngalane, Nangua, Taratara, Impiri y Ntocota (distrito de Metuge) mediante clínicas móviles (con una media mensual de unas 5.000 consultas en las que las principales patologías son la malaria y las infecciones del tracto respiratorio superior). Estas clínicas móviles también se enfocan en la detección y tratamiento de pacientes con desnutrición aguda moderada y en derivación de pacientes con desnutrición aguda severa.
También damos respuesta a brotes de enfermedades como el cólera en Montepuez y Metuge mediante actividades de agua y saneamiento y, en particular, la construcción de letrinas y el suministro de agua en el distrito de Metuge. Además, apoyamos a tres centros de tratamiento del cólera.
En Montepuez, los trabajadores humanitarios llevan a cabo consultas médicas, ofrecen sesiones de primeros auxilios psicológicos individuales y familiares, realizan actividades de promoción de la salud sobre diarrea, malaria, COVID-19, VIH y desnutrición, y apoyan a los trabajadores sanitarios de la comunidad (incluso con un sistema de derivación en moto-ambulancia), y distribuyen agua, alimentos, artículos de primera necesidad y mosquiteras.
En Mueda y Nangade, prestamos asistencia de emergencia a las personas desplazadas recién llegadas o en tránsito y facilitamos apoyo a los centros de salud y al Hospital Rural. Los equipos también realizan intervenciones puntuales en los distritos de Ancuabe, Pemba, Meluco, Namuno y Balama.
