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Recordamos la urgencia del momento y reclamamos pasar de los ‘debates’ al establecimiento de las condiciones para empezar a producir vacunas y herramientas médicas de forma masiva.

Aplaudimos la decisión del gobierno de Biden de renunciar a la propiedad intelectual de las vacunas de la COVID-19. Se trata un paso muy importante que aumentará su acceso en un momento en el que la pandemia sigue causando estragos.

Expulsados en aplicación del Título 42, una normativa establecida por la Casa Blanca en marzo de 2020, no tienen acceso a artículos de primera necesidad ni a servicios sociales o médicos, y están expuestos a secuestros y violencia.

Gaza se enfrenta ahora a un aumento preocupante del número de personas con COVID-19, con más de 1.000 casos reportados cada día y un aumento alarmante de infecciones entre los trabajadores de la salud.

“Han pasado cinco años. Han cambiado pocas cosas. Seguimos presenciando, sufriendo y denunciando ataques atroces. Proteger la atención médica y a quienes la prestan en las más difíciles circunstancias es una responsabilidad colectiva”

Un año después del inicio de la pandemia, nos enfrentamos a una enorme desigualdad de vacunas en todo el mundo, con solo el 0,2% de todas las vacunas destinadas a países de bajos ingresos.

“Las personas están muriendo, pero me he acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a ello. No he tenido tiempo de reflexionar sobre esas muertes”, confiesa Gautam Harigovind, gestor de actividades médicas del proyecto COVID-19.