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15.07.2021

República Democrática del Congo: pedimos que la violencia sexual sea considerada una emergencia

Alertamos en un informe de la magnitud de la violencia sexual en el país, con casi 11.000 personas supervivientes atendidas por nuestro equipos en 2020, y de que la falta de apoyo constituye una "doble condena".

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Médicos Sin Fronteras (MSF) advertimos en un nuevo informe de la falta de apoyo para las personas supervivientes de violencia sexual en República Democrática del Congo (RDC). Dada su escala e impacto, pedimos a las autoridades congoleñas y a sus socios que actúen de inmediato para responder a las enormes necesidades médicas, legales, socioeconómicas y de protección que constatamos.

Las cifras son de una magnitud colosal. En 2020, cerca de 11.000 supervivientes de violencia sexual fueron atendidas con el apoyo de nuestros equipos en seis de las 26 provincias del país, lo que constituye una media de casi 30 personas al día. Sin embargo, es solo la punta del iceberg.

Así, en Salamabila, una ciudad de 71.000 habitantes ubicada en la región minera de la provincia de Maniema donde la prevalencia de la violencia sexual es alarmante. Cada mes, nuestros equipos atienden una media de entre 120 y 150 pacientes que han sufrido una agresión sexual.

 

Desde mayo de 2017, MSF estamos brindando cuidados médicos y apoyo psicológico gratuitos a los supervivientes de violencia sexual en el Hospital Provincial de Kananga.

Los datos que hemos recopilado en 2020 muestran un panorama profundamente preocupante respecto a su estado físico y psicológico: infecciones, embarazos no deseados, lesiones físicas derivadas de la violencia; traumas psicológicos graves, incluso entre los menores de edad que representaron una quinta parte de los pacientes que tratamos en 2020.

"El alcance de la violencia sexual en RDC es reconocido y denunciado por muchos actores nacionales e internacionales", afirma Juliette Seguin, nuestra coordinadora general en República Democrática del Congo. “Sin embargo, esta condena no va seguida de acciones suficientes, ya sea en materia de prevención, atención o protección. Nuestros equipos en el terreno son testigos directos de que las necesidades están lejos de ser satisfechas".

Nuestro informe resalta las deficiencias en la atención a las personas que han sufrido una agresión sexual en forma de personal médico con formación inadecuada, falta de medicamentos y suministros médicos y falta de apoyo socioeconómico y legal.

Aunque la emergencia es sobre todo médica, las consultas realizadas por nuestro personal también revelan un impacto menos conocido de la violencia sexual; su duradera huella económica y social. A raíz de su agresión, muchas víctimas tienen demasiado miedo para volver a los campos de cultivo o son rechazadas por sus comunidades, lo que agrava su vulnerabilidad y pobreza. Y esto sucede en un contexto donde los programas de reinserción disponibles son escasos.

 

Desde mayo de 2017, nuestros equipos brindan cuidados médicos y apoyo psicológico gratuitos a los supervivientes de violencia sexual en el Hospital Provincial de Kananga.

"Las necesidades inmediatas y a largo plazo son importantes, pero faltan enfoques y financiación que permitan responder a estas", lamenta Seguin. “El año pasado, para la República Democrática del Congo, se desembolsó menos del 6% de la financiación internacional solicitada para responder a las necesidades de salud humanitaria y solo el 18% de la cantidad solicitada para la protección de las poblaciones y los derechos humanos. Esta tendencia continúa en 2021. Más allá de la financiación, no se implementan algunos enfoques innovadores adaptados al contexto local. La falta de apoyo resultante constituye una doble condena para las personas supervivientes”.

Las deficiencias que hemos identificado en el apoyo a las personas supervivientes reflejan la debilidad de la respuesta a la violencia de género en general en el país. Así, en el primer semestre de 2020, Naciones Unidas estimó que apenas una de cada cuatro personas víctimas de violencia de género tuvo acceso a atención médica, el 5% a asistencia psicosocial, el 15% a asistencia legal y solo el 0,5% (cinco de cada mil) a la reintegración socioeconómica.

Dada su escala y sus consecuencias, la violencia sexual debe ser considerada como una emergencia por las autoridades congoleñas, los donantes internacionales y todas las organizaciones humanitarias presentes en el país.

En este sentido, instamos a las autoridades congoleñas, a la sociedad civil y a los socios internacionales a redoblar los esfuerzos para asegurar una atención integral y de calidad a las personas supervivientes de violencia sexual, que incluya apoyo médico, psicológico, socioeconómico y legal. Estos esfuerzos deben garantizar un mejor acceso a los programas urgentes y de largo plazo, estén o no los casos vinculados al conflicto y tanto si la agresión tuvo lugar en una zona de conflicto como en una zona considerada ‘más estable’.

 

Víctimas de violencia sexual esperan la entrevista con nuestro equipo. Salamabila.

“La narrativa de la violencia sexual como 'arma de guerra' tiende a obviar el hecho de que esta violencia también es perpetrada por hombres desarmados y en regiones más estables donde hay pocos actores presentes para brindar apoyo”, explica Juliette Seguin. "Si bien los movimientos de tropas y los combates aumentan claramente el número de agresiones sexuales, estas también son perpetradas por personas que no portan armas, y sus víctimas también necesitan atención, apoyo y protección".

En 2020, nuestros equipos brindaron atención a un total de 10.810 supervivientes de violencia sexual (4.078 en la provincia de Kivu Norte; 3.278 en Kasai Central; 1.722 en Maniema; 907 en Kivu Sur; 768 en Ituri y 57 en 26.  Alto Katanga.

Violencia sexual: personas atendidas por MSF

  • 98% mujeres y niñas
  • 19% menores
  • 67% agredidas durante sus actividades cotidianas
  • 63% asaltadas por agresores armados
  • El 62% accedió a tratamiento médico en las primeras 72 horas