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Condenamos esta obstrucción grave y violenta de la ayuda médica y pide que se respete la acción humanitaria y médica, y la población civil.

Contabilizamos 82 ataques a aldeas y 21 desplazamientos de población en una región atrapada entre grupos armados, fuerzas nacionales e internacionales y conflictos intercomunitarios.

El centro para pacientes COVID-19 que apoyamos en Idlib recibe cuatro veces más pacientes en los dos últimos meses que en los seis meses anteriores juntos.

Brindamos apoyo psicológico para nuestros compañeros en la frontera con Tigray, en Etiopía. Tratamos en una sola semana a más de 250 víctimas de los combates, muchas de ellas con heridas graves.

El 60% de los nuevos pacientes de nuestra clínica en Samos en noviembre expresaron pensamientos suicidas y el 37% fue considerado en riesgo de suicidio.

Menos de la mitad de las personas con VIH reciben tratamiento en el país con la menor esperanza de vida del mundo. Se estima que el año pasado, unas 4.800 personas fallecieron a causa del sida, y cada año se confirman 5.500 nuevos casos.

Esta decisión se debe a la imposibilidad de llevar a cabo las actividades fundamentales para la atención a pacientes de COVID-19 con los estándares de calidad que nos fijamos como organización, debido a las restricciones de entrada al país.

Denunciamos la alarmante violencia, incluida sexual, contra la población de Salamabila. Desde principios de año, hemos tratado a cerca de 1.000 supervivientes.