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La pandemia en España: una nueva enfermedad, una realidad inesperada

Los recursos destinados a vigilancia epidemiológica y salud pública en España han sido, históricamente, bastante escasos. Ninguna Administración, fuera estatal, autonómica o local, contaba con la experiencia necesaria frente a la COVID-19.

El 31 de diciembre de 2019, se detectaron casos de una neumonía de causa desconocida en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. En enero de 2020, las autoridades chinas comunicaron que el virus causante era un nuevo coronavirus (identificado entonces como 2019-nCoV y posteriormente como SRAS-CoV-2) y, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la covid-19 como pandemia. Entonces, la enfermedad ya afectaba de lleno a muchos países, la gran mayoría en el hemisferio norte del planeta.

Esta nueva enfermedad presenta aún muchas incógnitas. En el momento de redactar este informe, todavía no se ha desarrollado ninguna vacuna ni se ha descubierto ningún tratamiento efectivo. A pesar de que la gran mayoría de pacientes solamente desarrolla síntomas leves o moderados (alrededor del 80 % de los casos, según cifras actuales), las personas de edad avanzada o con otras enfermedades (diabetes, hipertensión, etc.) tienen una alta probabilidad de presentar complicaciones. Según la OMS, cerca del 20 % de los casos confirmados con sintomatología grave requerirán ser hospitalizados durante un largo periodo de tiempo; muchos de ellos necesitarán respiración asistida y monitorización constante.

Es este alto porcentaje de pacientes que requieren atención especializada el que ha puesto en jaque a sistemas de salud avanzados, como el español o el italiano. Una persona con covid-19 que necesite hospitalización puede permanecer ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) entre tres y seis semanas.

Los hospitales europeos contaban con ucis equipadas y capaces de atender este tipo de patologías, pero se vieron sobrepasadas en el pico de la pandemia, debido a la falta de espacio, respiradores, equipos de protección individual homologados y personal necesario para atender un ingreso masivo.

Si bien es cierto que se multiplicaron las camas durante las peores semanas de la epidemia, es extremadamente complicado encontrar y entrenar a personal sanitario para trabajar en estructuras tan especializadas en un tiempo reducido.

España cuenta con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pero tiene muy poca experiencia a la hora de enfrentarse a grandes epidemias de enfermedades infecciosas. Históricamente, en España, los recursos destinados a la vigilancia epidemiológica y a la salud pública han sido bastante escasos.

Además, España va a la zaga de casi todos sus vecinos de la Unión Europea en número de camas de hospital. En este caso, la situación se complica un poco más, ya que la población española es muy longeva, lo que supone tener un grupo de personas muy numeroso extremadamente vulnerable a la enfermedad.

Por tanto, frente a un virus cuya rapidez de contagio y letalidad (sobre todo entre las personas mayores) ha sido tan elevada, el sistema de salud, por muy sólido que fuera, ha quedado desbordado e incapacitado para atender a toda la población afectada, en parte por la escasez de recursos asignados.

Ante una enfermedad así, es crucial contener la transmisión y la propagación para prevenir el colapso total del sistema de salud. Se debe dotar de mecanismos sólidos y recursos a los responsables de salud pública, vigilancia epidemiológica y contención de casos, tres aspectos críticos.

También deben cambiarse los hábitos, para proteger a las personas más vulnerables, y debe evitarse la saturación de las estructuras de salud, para poder centrarse en atender los casos más graves.

Todo ello tardó en ponerse en marcha en España, a pesar de los avisos.

El 11 de marzo, al declarar la pandemia, la OMS pidió a los países que activaran y ampliaran sus mecanismos de respuesta y que prepararan sus sistemas sanitarios para atender todos los casos y cuidar al personal sanitario. El 14 de marzo, ante la evidencia de transmisión comunitaria en España, el Gobierno declaró el estado de alarma en todo el país, con el objetivo de proteger la salud de la población y contener la progresión de la enfermedad. Sin embargo, esta declaración llegó tarde.

El brote se propagó durante marzo y abril, ante la lentitud de las Administraciones y la poca preocupación de la sociedad a la hora de reconocer la existencia de una crisis sanitaria sin precedentes desde hacía un siglo.

Ninguna Administración, fuera estatal, autonómica o local, contaba con la experiencia necesaria en la gestión de una epidemia de esas dimensiones, realidad que afectaría de forma directa al desarrollo de las medidas y acciones emprendidas.

Esta situación de excepcionalidad terminó el 21 de junio, al cabo de seis prórrogas del estado de alarma aprobadas en el Congreso de los Diputados.

A fecha de cierre de este informe (14 de julio), se habían notificado un totalde 255.953 casos confirmados y 28.406 personas fallecidas1.



1 Fuente: Ministerio de Sanidad, ‘Actualización nº 161. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 13.07.2020.

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