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Mar Mediterráneo

En 2017, mantuvimos las operaciones de búsqueda y rescate para ayudar a los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes que tomaban la peligrosa ruta del Mediterráneo central para llegar a Europa. Esta intervención se enfrentó a crecientes desafíos políticos y operacionales.

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Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 2.835 personas se ahogaron cuando intentaban cruzar el mar desde Libia a Europa en 2017. La misma fuente precisaba que el número de personas rescatadas y trasladadas a puertos seguros en Italia en 2017 fue el más bajo en cuatro años: unas 120.000.

El descenso del número de personas que salían de Libia fue proclamado como un éxito por algunos, ya que significaba la pérdida de menos vidas en el mar. Sin embargo, este descenso fue el resultado de los acuerdos entre Libia, Italia y la Unión Europea (UE), firmados dentro de una estrategia más amplia para sellar las costas de Libia y contener allí a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes a pesar de que en ese país quedan expuestos a condiciones extremas de violencia y explotación.

La Guardia Costera libia amplió sus actividades en aguas internacionales con el apoyo de la UE, interceptando a refugiados y migrantes y llevándolos de regreso a Libia. Aunque estas actividades se presentan como ‘operaciones de rescate’, Libia no es un puerto seguro. En numerosas ocasiones, los guardacostas libios hicieron gala de un comportamiento amenazador y violento hacia los buques desarmados de las organizaciones no gubernamentales. En mayo, presenciamos cómo un guardacostas libio disparaba al aire mientras su patrullera se acercaba a una embarcación en peligro, agravando el ya extremo riesgo que corrían los refugiados y migrantes que en ella estaban.

El entorno es cada vez más hostil para las operaciones no gubernamentales y los políticos italianos y de otros países europeos han intentado socavar el apoyo de la opinión pública a las iniciativas de búsqueda y salvamento. Las ONG se han enfrentado a acusaciones infundadas de colaboración y connivencia con los traficantes de personas. En este marco, el código de conducta propuesto por el Ministerio del Interior italiano legitimó una campaña de descrédito que venía de largo y que utiliza como chivo expiatorio a las ONG que ya operaban dentro de un marco legal claro y acorde con todas las leyes nacionales, internacionales y marítimas. Un buque de rescate fue confiscado en Italia a la espera de proceso judicial, y un grupo de ‘justicieros’ nacionalistas incluso alquiló su propia embarcación durante varias semanas con el fin de entorpecer activamente las actividades de salvamento.

A pesar de todo, nuestros equipos a bordo de los buques Prudence y Aquarius (este último en asociación con SOS Méditerranée) pudieron rescatar a 23.852 personas de embarcaciones no aptas para la navegación y trasladarlas a un puerto seguro en Italia en 2017. Como resultado de la caída en el número de embarcaciones que llegaban a aguas internacionales, decidimos suspender las actividades del Prudence en octubre.

Nuestro personal médico trató a personas que habían sufrido lesiones durante su estancia en Libia y recogió numerosos testimonios sobre la violencia y los abusos allí sufridos. Muchos pacientes también presentaban infecciones graves de la piel o quemaduras químicas debido a la mezcla de agua salada y combustible, y durante los meses de invierno se atendió a muchas personas con hipotermia. Más del 10% de las mujeres rescatadas estaban embarazadas. Dos bebés nacieron a bordo: Mercy y Christ. También se recuperaron 13 cadáveres.

Este artículo ofrece una visión general de nuestro trabajo en el Mediterráneo entre enero y diciembre de 2017; es un resumen que no puede considerarse exhaustivo. En 2017, contábamos en nuestras operaciones de rescate con 37 trabajadores y gastamos 9 millones de euros en nuestras actividades médico-humanitarias. Trabajamos por primera vez en el Mediterráneo en 2015.