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17.04.2014

Genocidio de Ruanda: 20 años de impunidad y estafa

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Entre el 7 de abril y el 1 de julio de 1994, más de 800.000 personas fueron asesinadas en Ruanda con una brutalidad y crueldad inimaginables, la mayoría a machetazos, siguiendo un plan meticuloso. Este horror era perfectamente previsible y fue detalladamente anticipado por el responsable de UNAMIR, la misión de los cascos azules en Ruanda, en un fax enviado tres meses antes a la oficina de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas en Nueva York.

La respuesta fue chocante. El fax y la alerta que constituía fueron ignorados. Después, mientras los medios de comunicación retransmitían el genocidio, la Administración norteamericana presionaba para que en el Consejo de Seguridad no se utilizara la palabra “genocidio” y se evitara cualquier acción concreta para detener las masacres. Por último, Naciones Unidas despreciaba la información de sus propias fuentes y reducía el contingente de UNAMIR de 2.700 a 250.

Ante la acumulación de cadáveres en Ruanda, a mediados de junio el Consejo de Seguridad finalmente acordó intervenir para detener el genocidio. Ningún país se animó a aportar tropas hasta que Francia, aliada del Gobierno ruandés, lanzó la Operación Turquesa, operación militar “humanitaria” para “salvar vidas de civiles” que, de hecho, protegió la retirada a Zaire del Ejército ruandés y de las milicias Interahamwe, frente al avance del Frente Patriótico Ruandés (FPR) tutsi. El genocidio terminó cuando el FPR conquistó el país entero, cometiendo en el proceso actos de brutal violencia contra los civiles.

Con la perspectiva que nos da el tiempo, muchos podrían preguntarse ahora por qué el Consejo de Seguridad, las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz, Estados Unidos y otros gobiernos bloquearon la respuesta al genocidio.

Justo entonces, la atención de todos (medios, opinión pública y organizaciones) fue absorbida por el desplazamiento de más de un millón de refugiados de Ruanda a Tanzania y Zaire. A esta crisis pronto se unió una brutal epidemia de cólera que mató a 50.000 personas.

La respuesta aquí fue abrumadora: los países más poderosos le consagraron ingentes fondos, incluso enviaron hospitales militares. Eran los mismos estados que, semanas antes, se habían abstenido de detener el asesinato de miles de personas. Esta impresionante respuesta podría parecer producto de la mala conciencia pero fue, en realidad, una cortina de humo que encubrió la obstrucción a la respuesta al genocidio.

Así, en apenas noventa días, se dieron tres hechos históricos de consecuencias dramáticas entonces y hoy.

El primero, el propio genocidio, el episodio más atroz de la historia reciente.

El segundo, el bloqueo de la respuesta a este crimen masivo por parte de quienes tenían la responsabilidad y la capacidad de hacer algo. No pasó nada: ni rendición de cuentas, ni dimisiones de los máximos responsables de la inacción. Nada. Esto solo puede llamarse impunidad.

Y aún más allá de la impunidad, casi esperpéntico: el hecho de que el entonces máximo responsable de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la ONU, Kofi Annan, fuera ascendido a Secretario General en 1997, y recibiera el Nobel de la Paz en 2001, es inadmisible.

El tercer acontecimiento fue la utilización de la ayuda humanitaria para encubrir la inaceptable inacción de gobiernos e instituciones internacionales. Este fenómeno no era nuevo, pero la enormidad del error encubierto y el gran éxito de la maniobra de distracción sentaron un precedente rotundo.

Un cuarto hito tuvo lugar ya en 1996: la Evaluación Conjunta de la Asistencia de Emergencia a Ruanda. Este análisis marcó las líneas de funcionamiento y orientación de la ayuda humanitaria, muy patentes hoy. La conclusión que tuvo más impacto y seguimiento fue que la acción humanitaria debía implicarse más en las causas políticas de las crisis y no solo en sus consecuencias. Esto, refiriéndose a un genocidio, es chocante, pero fue aceptado y supuso una estafa orquestada por los actores políticos. Lo dijimos entonces y lo repetimos ahora: no se detiene un genocidio (ni una guerra) con médicos.

La integración de elementos políticos en la acción humanitaria, que es independiente y neutral por naturaleza, la hace muy vulnerable a la instrumentación, como comprobamos durante la Guerra contra el Terror. Esta manipulación se ha convertido en una de las causas de la falta de acceso a ayuda vital de las poblaciones atrapadas en crisis muy politizadas.

La inclusión de ambiciones políticas se ha hecho a costa de disminuir la capacidad del sistema humanitario internacional de atender a quienes necesitan ayuda urgente. La ausencia de organizaciones que pueden prestar asistencia básica está llegando a niveles alarmantes, como vemos en República Centroafricana o Sudán del Sur.

El genocidio de Ruanda fue un drama brutal y desgarrador, con un epílogo de impunidad y estafa que llega hasta nuestros días. Dejó un mundo donde la inacción política para resolver las crisis que provocan acumulaciones atroces de sufrimiento humano en lugares sin interés es impunemente aceptada o incluso premiada. Miles de personas en República Centroafricana o Sudán del Sur, entre otros muchos sitios, están pagando hoy un precio muy alto por ello.

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