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18.12.2018

Día Internacional del Migrante 2018: forzarles a quedarse en México es inhumano e ilegal

Las restricciones para la obtención de asilo por el gobierno de EE. UU. agravan la crisis humanitaria en la frontera con México. El 68% de nuestros pacientes ha sufrido violencia y un tercio de las mujeres, abuso sexual. México no es un país seguro para miles de migrantes que cada año atraviesan el país en busca de protección y refugio.

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Los cambios presentados por la Administración de los Estados Unidos (EE. UU.) que buscan limitar la concesión de asilo a la población centroamericana que huye de la violencia en sus países, junto con la lentitud para procesar las solicitudes en los pasos fronterizos, están construyendo un muro administrativo que aumenta la vulnerabilidad de la población centroamericana y la expone a situaciones recurrentes de violencia a manos de las organizaciones criminales que operan en territorio mexicano.

En México, ofrecemos asistencia humanitaria a centroamericanos que escapan de sus países huyendo de niveles extremos de violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Muchos de ellos han sido testigos de la muerte de miembros de su familia y/o sobrevivido a episodios de secuestros, extorsiones, reclutamientos forzados y violencia sexual. Temen por sus vidas si regresan a sus países.  

“Aunque las medidas restrictivas al asilo del gobierno de los EE. UU. se han suspendido temporalmente, muchos de nuestros pacientes centroamericanos nos dicen que evitan ahora cruzar la frontera”, explica Sergio Martín, nuestro coordinador general en México. “Tienen miedo a que, una vez en EE. UU., no puedan tramitar la solicitud de asilo y acaben deportados a sus países donde su vida está en riesgo”, añade.

La gran mayoría de los centroamericanos que pasan por México en su ruta hacia el norte huyen de la violencia, la extorsión y reclutamiento forzado a manos de las organizaciones criminales y las maras que operan en Honduras, El Salvador y Guatemala. Desde hace años, cruzan México en condiciones precarias, exponiéndose a asaltos, extorsiones, violencia sexual, trata de personas, secuestros, tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura por parte de organizaciones criminales que controlan sus rutas de paso.

Según datos propios de MSF, el 68% de la población migrante atendida en nuestros proyectos ha sufrido algún episodio de violencia en su paso por México y un tercio de las mujeres han sufrido abuso sexual. Estos datos contradicen indiscutiblemente la idea de México como un país seguro para los miles de migrantes que atraviesan año con año el país en busca de protección y refugio.

“Estamos hablando de población que necesita desesperadamente obtener medidas efectivas de protección y asilo”, añade Martín. “Muchos de ellos están en riesgo tanto en sus países de origen como en México. Forzarles a quedarse en México es inhumano además de ilegal”.

Una frontera, un muro infranqueable

La situación se ha visto agravada en los últimos meses por la imposibilidad de cruzar a EE. UU., dado que muchos de los que buscan asilo temen perder la oportunidad de ser reconocidos como asilados al arriesgarse a entrar en EE. UU., lo que les obliga a quedarse en México durante semanas en condiciones precarias y en extrema vulnerabilidad. Así, en Nuevo Laredo, en los dos últimos meses, uno de cada cuatro pacientes atendidos por nuestros equipos de salud mental han sido víctimas de un secuestro.

Desde hace más de seis años, ofrecemos atención médica y psicológica a población migrante y refugiada en tránsito, constatando la vulnerabilidad y la constante exposición a episodios de violencia por parte de los diferentes grupos delictivos que operan en el país, así como por las autoridades mexicanas, los cuales ocurren en total impunidad.

Consideramos políticas inaceptables el cierre y la militarización de la frontera; la eliminación de la violencia de pandillas y doméstica como causa para la petición de asilo en EE. UU.; la separación de familias y los menores no acompañados en los centros de detención; las deportaciones masivas a migrantes a lugares en donde su vida corre peligro; así como la insistencia de considerar a México como un país seguro donde pueden quedarse. Tanto la Convención de Refugiados como la Declaración de Cartagena reconocen el derecho a huir de la violencia en la región, así como la prohibición de trasladar a un refugiado a un tercer país en contra de su voluntad o deportarlo en caso de que su vida corra peligro.

“Es necesario que los gobiernos implicados encuentren una solución a esta crisis humanitaria en la región. Deben asegurarse unos niveles de protección, asistencia y respuesta humanitaria adecuada que contribuya a aliviar el sufrimiento a consecuencia de la violencia padecida por la población centroamericana tanto en sus países de origen, como en su tránsito por México”, concluye Martín.

Desde 2012, brindamos atención médica y en salud mental a migrantes y refugiados procedentes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador a lo largo de la ruta migratoria de  México. Nuestros equipos han brindado atención en los estados de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y en la Ciudad de México. 

México: frontera sur