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19.11.2021

No castiguéis al médico: la dura realidad de trabajar para MSF en contextos de guerra

Trabajar en la guerra es peligroso y difícil. Las consecuencias de la creciente guerra contra el terrorismo han sido brutales. Nuestros compañeros y compañeras son golpeados, acosados, insultados y acusados de “apoyar a terroristas” mientras realizan su trabajo a las puertas o dentro de hospitales o en ambulancias en servicio.

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Por Jonathan Whittall, director de Análisis de Médicos Sin Fronteras en Bruselas. Luz Saavedra es investigadora principal del informe ‘Añadir sal a la herida’ sobre las consecuencias de la lucha contraterrorista en el personal humanitario de primera línea.

Han pasado 20 años desde el inicio de la llamada guerra contra el terror. El personal de Médicos Sin Fronteras (MSF) en primera línea ha visto cómo esta guerra global impactaba en las comunidades y, a menudo, diezmaba su capacidad para llegar a las personas que más lo necesitan.

MSF acaba de publicar el informe ‘Añadir sal a la herida’, basado en una investigación realizada entre trabajadores y trabajadoras de MSF en algunas de las zonas más afectadas por el contraterrorismo de Nigeria, Afganistán e Irak. Con frecuencia, la perspectiva de este personal ha sido ignorada en los debates sobre la lucha contra el terrorismo y su impacto. Lo que cuentan es alarmante. Trabajar en la guerra es peligroso y difícil. Trabajar en entornos de lucha contra el terrorismo es “añadir sal a la herida”, en palabras de uno de nuestros colegas en primera línea.

Para estos compañeros y compañeras, las consecuencias de la creciente guerra contra el terrorismo han sido brutales. Son golpeados, acosados, insultados y acusados ​​de “apoyar a terroristas” mientras realizan su trabajo a las puertas o dentro de hospitales o en ambulancias en servicio. Las fuerzas de seguridad esperan que rechacen a pacientes basándose en que podrían considerarse como “terroristas”. Los grupos armados suelen ser hostiles hacia nuestros equipos y, en algunos casos, solo nos toleran si no se nos considera demasiado cercanos al gobierno. Al mismo tiempo, los gobiernos que luchan contra estos grupos permiten o bloquean la atención médica en función de sus objetivos militares y este control que se ejerce sobre nosotros genera la sospecha de los grupos armados. Ambos nos han atacado cuando consideran que estamos ayudando a sus enemigos. Como resultado, muchas veces no logramos llegar a la población más vulnerable en las líneas del frente.

Para muchos Estados, la ampliación de poderes que pueden conseguir al designar al enemigo como “terrorista” ha sido demasiado buena para dejarla pasar. Siguiendo el ejemplo de Rusia en ChecheniaEstados Unidos y sus aliados en sus guerras iniciales en Afganistán e Irak, junto con Israel en Gaza y Cisjordania han abierto un camino para que otros lo sigan. Las guerras en Camerún, Malí, Mozambique, Nigeria, Siria o Yemen ahora se libran contra un enemigo designado como terrorista. Todo el mundo es “terrorista” para alguien.

En estos entornos, los trabajadores y trabajadoras de MSF en primera línea han sido testigos de la detención de pacientes en sus camas de hospital. También de instalaciones médicas destrozadas en medio de campañas de bombardeos indiscriminados, que a menudo no se molestan en distinguir entre quienes participan directamente en las hostilidades y quienes no.

Estas dos categorías se funden en una sospecha criminal generalizada, que deja sin protección a quienes simplemente se encuentran en un área bajo el control de un grupo “terrorista”. La población es sometida a un asedio interminable o atacada directamente. La ayuda se bloquea o se utiliza según las prioridades militares, no las necesidades humanitarias.

Quienes luchan contra el terrorismo justifican este hecho, o simplemente pasan por alto sus consecuencias, porque en esas guerras los “terroristas” no se consideran grupos armados de oposición a los que aplicar el Derecho Internacional Humanitario. Por el contrario, son “criminales” que pueden ser eliminados con operaciones de los cuerpos de seguridad.

De esta manera, las leyes internacionales de la guerra se enfrentan a las leyes nacionales de contraterrorismo. La zona gris entre ambos conjuntos de leyes permite a los Estados no fiscalizar de manera tan minuciosa sus operaciones militares. No se trata de un problema abstracto para quienes trabajan en primera línea; brindar asistencia a las personas heridas y enfermas está protegida por el derecho internacional de la guerra, pero a menudo se tipifica como delito en la legislación contraterrorista.

Por lo general, podemos superar los obstáculos en nuestro trabajo negociando el acceso y con la aceptación con todas las partes en conflicto. A lo lardo de sus 50 años de historia, MSF ha trabajado así en innumerables guerras. Si somos útiles y podemos demostrar que no hemos tomado partido en el conflicto, podemos sentarnos y, a menudo, podemos llegar a acuerdos tanto con gobiernos como con grupos armados de la oposición para poder trabajar de forma segura. Sin embargo, en los entornos de contraterrorismo se aplica una versión extrema de la lógica “con nosotros o contra nosotros”. A nuestros equipos se les impide hablar con todas las partes del conflicto, ya sea porque el gobierno lo prohíbe o porque los grupos armados no confían en nosotros.

Los Estados no solo no reconocen las consecuencias de la lucha contra el terrorismo en el personal de la primera línea y no garantizan la protección de la acción humanitaria y médica en los conflictos actuales, sino que hemos visto una proliferación desquiciada del lenguaje y la lógica de la guerra contra el terrorismo.

Necesitamos urgentemente ver cambios en el trato que recibe el personal humanitario y las comunidades a las que intentamos llegar en estas guerras. Necesitamos poder tratar a pacientes únicamente en función de sus necesidades, sin temor a las repercusiones. Nuestras instalaciones médicas deben estar al margen de todo tipo de operaciones militares y de seguridad. Las comunidades en las que trabajamos deben ser tratadas como poblaciones civiles y protegidas, no ser diezmadas y declaradas partidarias de terroristas. Necesitamos poder hablar con quien tenga la capacidad de perjudicarnos o facilitar nuestro acceso a la población más vulnerable, sin que se nos acuse ​​de “apoyar al terrorismo”.

Las organizaciones humanitarias imparciales deben estar exentas de ser el objeto del marco legal y las tácticas militares definidas por la guerra contra el terror. Hay que poner fin a las amenazas, el acoso, las agresiones y la violencia contra las personas que asistimos y el personal médico que las trata. La acción humanitaria imparcial no puede seguir siendo el daño colateral de la lucha contra el terrorismo.


Artículo originalmente publicado en Política Exterior