3 razones por las que no necesitamos (ni queremos) patentes de la COVID-19

Hace un año -y siete meses después del inicio de la pandemia de COVID-19- India y Sudáfrica presentaron la propuesta de exención de los ADPIC: una solución innovadora para eliminar las barreras de propiedad intelectual (PI) y garantizar una mayor equidad en el acceso a cualquier vacuna, prueba, tratamiento y otras herramientas médicas necesarias para hacer frente a la COVID-19.

Desde que se presentó la propuesta por primera vez ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), 3,6 millones de personas han perdido la vida a causa de la COVID-19. El año pasado, la exención de los ADPIC recibió una ola de apoyo y solidaridad mundial de activistas de la sociedad civil y más de 100 gobiernos, decididos a hacer realidad la exención.

A pesar de este abrumador apoyo, una pequeña minoría de gobiernos de altos ingresos no apoya la exención, o solo apoya una versión suavizada de la propuesta. Por ejemplo, la Unión Europea (UE) y EE. UU. presentaron contrapropuestas que reducen drásticamente el alcance de la exención y limitan su potencial impacto. Estas contrapropuestas buscan que únicamente se renuncie a las patentes de las vacunas, dejando de lado las patentes y otra propiedad intelectual de las pruebas, medicamentos y otras herramientas que siguen estando firmemente bajo el control de los monopolios farmacéuticos.

Estas son las tres razones por las que los gobiernos deben renunciar inmediatamente a la propiedad intelectual de todas las herramientas médicas:

1) Las vacunas por sí solas no pueden controlar la pandemia

No hay una fórmula mágica en lo que respecta a la COVID-19: si bien las vacunas desempeñan un papel fundamental en el control del virus, solo son una de las herramientas que necesitamos para vencer esta pandemia.

Además de las vacunas, el mundo necesita con urgencia acceso a nuevas terapias y diagnósticos para reducir el número de hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Dado que la tasa de vacunación es más lenta y baja en los países de ingresos bajos y medios debido a las barreras de acceso, existe un mayor riesgo de transmisión y de propagación de variantes, tanto a nivel local como global.

Simultáneamente, los sistemas de salud están siendo llevados al límite por las nuevas y continuas olas del virus en todo el mundo, lo que pone de manifiesto una vez más la necesidad de mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento de las personas con COVID-19 y de responder a la pandemia con un enfoque integral y multifacético.

2) Las patentes y la propiedad intelectual son una barrera de acceso

La OMS ha recomendado algunos medicamentos para el tratamiento de la COVID-19, y los monopolios farmacéuticos demuestran ser una barrera para acceder a ellos.

El casirivimab y el imdevimab, recientemente recomendados por la OMS para el tratamiento de la COVID-19, pertenecen a la clase de medicamentos llamados anticuerpos monoclonales (mAbs), que llevan décadas en el mercado para otras enfermedades y suelen tener un precio extremadamente elevado. Regeneron y Roche (responsables de la asignación de precios fuera de Estados Unidos) han fijado el precio del casirivimab e imdevimab en 700 euros (820 dólares) en India, 1.720 euros (2.000 dólares) en Alemania y 1.800 euros (2.100 dólares) en EE. UU.

Además, aunque el casirivimab e imdevimab se recomendaron recientemente, Regeneron ha comenzado a solicitar patentes sobre los medicamentos en al menos 11 países de ingresos bajos y medios.

Los desarrolladores independientes de versiones "biosimilares" de mAbs más asequibles a menudo se enfrentan a las barreras de patentes y desafíos regulatorios para presentar rápidamente sus medicamentos y aumentar el suministro, algo que se necesita desesperadamente a medida que la COVID-19 continúa haciendo estragos en todo el mundo. Históricamente, esto ha dificultado la producción y el suministro de mAbs más asequibles, y continúa socavando el acceso al tratamiento de la COVID-19.

Necesitamos aumentar con urgencia el suministro mundial de medicamentos contra la COVID-19. Para ello, es necesario que más fabricantes puedan producirlos mediante la renuncia a los derechos de propiedad intelectual y el intercambio de tecnología y conocimientos por parte de la industria farmacéutica.

3) El suministro limitado de tratamientos es un problema urgente

Al igual que casirivimab e imdevimab, el tocilizumab y el sarilumab son mAbs recomendados por la OMS para el tratmiento de la COVID-19. Son producidos por las farmacéuticas Roche y Regeneron respectivamente, se recomiendan para el tratamiento de pacientes con COVID-19 en estado crítico y grave y pueden reducir potencialmente la dependencia de ventiladores médicos y oxígeno, elementos que escasean en muchos de los contextos donde MSF trabajamos.

Sin embargo, debido a los altos precios y al suministro limitado, estas nuevas terapias simplemente no llegan a todas las personas que las necesitan, como ha podido comprobar nuestro personal en todo el mundo.

“En los últimos meses, hemos atestiguado impotentemente cómo personas en el sur de Asia luchan por conseguir tocilizumab para pacientes con COVID-19 grave”, explica Leena Menghaney, asesora global sobre propiedad intelectual de nuestra Campaña de Acceso.

No podemos esperar más. La pandemia es una crisis creciente en muchos países en desarrollo y no podemos permitir que los países que ya han vacunado a la mayoría de su población elegible, mientras almacenan vacunas, y junto con empresas farmacéuticas que hasta ahora se han negado a compartir plenamente su tecnología y conocimientos sobre vacunas, bloqueen también el acceso a otras herramientas médicas para la COVID-19.

La exención de los ADPIC, respaldada por más de 100 gobiernos de todo el mundo, presenta una solución, pero una pequeña minoría de países de ingresos altos continúa bloqueándola vergonzosamente y ofreciendo alternativas vacías.

El mundo ya ha perdido un año entero en el que se pudieron haber salvado innumerables vidas si se hubiera incrementado de manera equitativa el acceso global a las herramientas médicas para hacer frente a la COVID-19.

Es hora de que TODOS los gobiernos respalden esta propuesta innovadora y apoyen la exención de los ADPIC para salvar vidas.