Salvar vidas en el Mediterráneo es nuestro único imperativo
El decreto de Italia contra las ONG reducirá las capacidades de rescate y causará más muertes. La nueva norma se dirige contra los barcos de salvamento, pero el precio real lo pagarán las personas que huyan por el Mediterráneo central, denuncia nuestro compañero y coordinador de operaciones de rescate, Juan Matías Gil.
Por Juan Matías Gil, coordinador de las operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras.
“¿Qué impacto tendrá el nuevo decreto en el trabajo de las ONG?”. Esta es la pregunta recurrente que recibo tras la aprobación de la nueva normativa por parte del Gobierno italiano. Una pregunta legítima, pero que desplaza el foco de atención de los náufragos a los rescatadores.
Nuestros equipos a bordo del Geo Barents corremos el riesgo de ver limitada nuestra capacidad operativa, pero para quienes deciden cruzar el Mediterráneo el peligro es morir, desaparecer en las profundidades de ese tramo de mar, tristemente conocido ahora por ser el mayor cementerio de Europa.
En 2022, 1.373 personas murieron en el Mediterráneo central en ausencia de un sistema de rescate centralizado. Desde 2014 se han producido más de 25.000 muertes. Esa es la verdadera emergencia.
Una emergencia que el Gobierno italiano y Europa quieren suprimir, pero no poniendo en marcha un sistema de búsqueda y rescate, sino cerrando los únicos ojos que son testigos de lo que está ocurriendo. Los ojos de los trabajadores humanitarios de organizaciones como MSF que, desde 2015, trabaja en esta zona del mar para llenar el vacío dejado por el cierre de la operación Mare Nostrum el 31 de diciembre de 2014 y responder a un número inaceptable de muertes. Desde entonces, nunca hemos dejado de reclamar rutas legales y seguras para las personas que huyen a Europa y un sistema europeo acordado de búsqueda y rescate.
La migración es un fenómeno complejo, pero es muy fácil intuir qué resultados van a tener las nuevas normas: con menos barcos en el Mediterráneo, Italia asumirá la responsabilidad del aumento de muertes en el mar y de rechazos ilegales, permitiendo a su vez a la Guardia Costera libia la devolución de miles de personas a centros de detención. Desde 2017, unas 100.000 personas han sido interceptadas en el mar por los guardacostas libios y devueltas por la fuerza al país norteafricano, donde migrantes, refugiados y solicitantes de asilo son retenidos en medio de abusos, explotación, detención arbitraria y tortura.
Salvar vidas, nuestro único imperativo
El Gobierno italiano sigue diciendo que los buques humanitarios son un ‘factor llamada’ y que no cumplen la normativa. Pero se ha demostrado ampliamente, con evidencias expuestas en estudios cualificados y públicos, que no es así. Las condiciones meteorológicas, es decir, la posibilidad de llegar vivo al destino, son el único factor de atracción, junto con el nivel de inestabilidad política en los países de origen y en Libia. Cuando hace buen tiempo, se emprende la travesía en barcos destartalados y botes en los que nadie querría pasar ni cinco minutos. En cuanto al segundo punto, MSF cumple todas las normas, como demuestra ampliamente la publicación de todas las interlocuciones con las autoridades de coordinación del rescate tras los sucesos de Catania.
Salvar vidas, tanto en el mar como en los más de 70 países donde intervenimos, es nuestro único imperativo, además de ser una obligación consagrada en todos los convenios y leyes internacionales. Somos los primeros en afirmar que no debe corresponder a las ONG garantizar los rescates marítimos y seríamos los primeros en echarnos a un lado, pero solo si el Gobierno italiano y Europa decidieran ocuparse de ello. En 2015 nos enfrentamos a una emergencia humanitaria que, ocho años después, en lugar de resolverse se ha convertido en una profunda crisis de humanidad provocada en gran medida por la voluntad política de no proteger los derechos de las personas en movimiento.
Artículo originalmente publicado en Eldiario.es
