Vacuna contra la COVID-19: “O estamos todos protegidos, o nadie lo está realmente”

El remdesivir se ha convertido en el primer fármaco aprobado específicamente contra la COVID-19.  Gilead, la farmacéutica que lo produce, ha fijado el precio de un tratamiento en unos 2.000 euros por paciente. ¿Está justificado este precio?

Los datos de remdesivir no son muy claros en la reducción de la mortalidad o las secuelas, pero se reduce la hospitalización media de 15 a 11 días en pacientes moderados y leves. El precio no está basado en el coste de producción, sino en el supuesto ahorro de estos cuatro días de hospitalización. El coste de producción de un tratamiento completo estaría en torno a 8 euros. La investigación del producto, que en un principio se probó para tratar el Ébola, y se demostró no eficaz, estuvo parcialmente financiada por fondos públicos (en torno a los 61 millones de euros), además de la implicación de personal de salud e instituciones públicas para probar su efecto contra COVID-19. Por lo tanto este precio, en mitad de la peor pandemia del siglo XXI, parece poco justificado.

A finales de junio, la administración de Donald Trump anunció que compraba todos los stocks de remdesivir de los próximos tres meses. ¿Qué consecuencias puede tener esta compra?

Por un lado, este anuncio crea un triste precedente respecto al reparto equitativo y proporcional de recursos en términos de pruebas de diagnóstico, tratamientos y potenciales vacunas, cuyo desarrollo e investigación debería seguir los acuerdos auspiciados por la OMS. Por otro lado, también es una forma de presión para otros países desarrollados, en concreto la Unión Europea, que ha acelerado la aprobación de su uso y los acuerdos de compra. Pero básicamente, nos preocupa que esta forma de operar –tanto de las farmacéuticas, como de algunos gobiernos– deje a los países más vulnerables e incluso de ingresos medios sin acceso a estos recursos. Es necesario garantizar la transparencia en los costes de investigación y producción y la equidad en el reparto.

Desde que empezó la pandemia de COVID-19, MSF estamos pidiendo que la futura vacuna sea accesible a todos y no solo al mejor postor. Sin embargo, el caso del remdesivir no parece un buen presagio. ¿Cómo se puede asegurar que la vacuna llegue a todo el mundo?

El desarrollo de la vacuna cuenta con una amplia financiación pública y de instituciones de filantropía, en torno a 4.000 millones de euros. Pero es necesario que estas donaciones de los gobiernos vayan acompañadas de mecanismos de control y transparencia. Debemos saber cuánto cuesta en realidad la investigación y la producción de las vacunas, para poder fijar un precio razonable y debe hacerse desde ahora. Los antecedentes con otras vacunas, como la del neumococo y el Ebola, nos dicen que una vez las farmacéuticas han recibido estas donaciones sin un mecanismo de control y transparencia adjunto, ha sido imposible bajar los precios de la vacuna.

Ningún laboratorio tiene capacidad para producir las millones de dosis de vacuna necesarias para responder a esta pandemia y, por tanto se está pidiendo que se licencien las vacunas con patentes abiertas, para que todos los laboratorios con capacidad pueden fabricar esta potencial vacuna, una vez sea probada su seguridad y eficacia.

Además, incluso poniendo toda la capacidad de producción de vacunas al servicio de la producción de vacuna con una patente abierta, es necesario un compromiso de distribución equitativa basado en el momento epidemiológico y la cantidad de población vulnerable. No va a haber dosis disponibles para todo el mundo al mismo tiempo. Es necesario dar prioridad al personal sanitario y de primera línea, y a las personas especialmente vulnerables, como ancianos o personas con enfermedades crónicas. Además hay que garantizar que los países con ingresos bajos y medios, tienen acceso a la vacuna si su situación epidemiológica así lo demanda y para ello, el precio debe mantenerse accesible y debe haber mecanismos  de distribución que garanticen que las dosis disponibles no se dedican solo a los países que más pueden pagar por ellas.

MSF llevamos décadas luchando para que los beneficios no se antepongan a las necesidades médicas, ¿qué hemos aprendido de experiencias anteriores que nos pueden ayudar en este momento?

Las líneas de investigación deben ser abiertas y sus resultados se deben compartir para acelerar los procesos y evitar insistir en líneas que no funcionan. Además, las patentes abiertas son necesarias para garantizar que haya suficiente producción.

Por otro lado, la utilización de fondos públicos debe ir acompañada de mecanismos de control y la recepción de estos fondos debe conllevar transparencia y compromiso por parte de las farmacéuticas.

Mecanismos como los de licencia obligatoria –que permite el uso de un producto patentado sin el consentimiento del titular de la patente– deben ponerse en marcha para garantizar la accesibilidad de los productos diagnósticos, terapéuticos y en el futuro, vacunas. Para esto, es importante que la negociación de los precios se haga de forma coordinada y no con por intereses nacionalistas. O estamos todos protegidos, o nadie lo está realmente.