Malasia

Nuestra clínica fija, que prestaba servicios a personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en Butterworth, estuvo operativa durante todo el confinamiento, aunque la cifra de pacientes disminuyó, de los 11.700 atendidos en 2020 a 9.910 en 2021; esto se debió, principalmente, a que la gente tenía miedo de ser arrestada en los controles policiales al desplazarse a la clínica. Malasia no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU (1951), de forma que los refugiados son penalizados por la legislación.

MSF dio apoyo al plan nacional de vacunación contra la COVID-19 en Penang; nos centramos, precisamente, en refugiados, solicitantes de asilo y trabajadores migrantes sin papeles. Al mismo tiempo, seguimos reclamando a las autoridades que construyan una respuesta nacional a la COVID-19 basada en el principio de “atención médica para todo el mundo”; también pedimos que se actualicen las leyes, para que no se penalice ni se detenga a refugiados ni a solicitantes de asilo por el mero hecho de buscar atención médica. También continuamos con nuestra campaña de promoción de la salud en R-vision, la televisión on line de los rohinyás.

Nuestro equipo de salud mental organizó sesiones individuales de asesoramiento; un cuarto de las mismas fueron telefónicas, debido a las restricciones relacionadas con la COVID-19. El equipo identificó una cantidad cada vez mayor de víctimas de violencia sexual y de género, entre las cuales había hombres, mujeres y menores que habían sido objeto de trata. También distribuimos suministros esenciales de higiene (como jabón y toallas sanitarias), leche en polvo y ropa a familias vulnerables y en varios centros de detención de migrantes.

En marzo, pusimos en marcha nuestra iniciativa de incidencia política dirigida por la propia comunidad refugiada de Penang: se trata de trece hombres y cinco mujeres, de entre 16 y 70 años de edad, pertenecientes a las comunidades rohinyá, musulmana de Myanmar y mon. MSF facilitó sesiones de capacitación sobre incidencia política con varias organizaciones, incluida una academia independiente de periodismo.

En noviembre comenzamos a realizar exámenes médicos en centros de detención temporales en Sungai Bakap y Bidor, donde los presos eran principalmente rohinyás. La mayoría expresaban un sentimiento de desesperanza sobre su futuro, al llevar detenidos un tiempo indefinido sin ningún pronóstico de ser liberados.

Este artículo ofrece una visión general de nuestro trabajo en este país entre enero y diciembre de 2021; es un resumen que no puede considerarse exhaustivo. En 2021, contábamos con 67 profesionales* y gastamos 2,4 millones de euros en nuestras actividades médico-humanitarias. Trabajamos por primera vez en este país en 2004.

* La cifra de personal equivale al total de puestos a tiempo completo o FTE (del inglés full-time equivalent). Por ejemplo, dos personas a media jornada equivalen a un FTE.