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23.12.2016

Violencia sexual, violencia oculta

Hemos atendido a 645 víctimas de violencia sexual en Colombia en 2016. Nuestro coordinador general en el país, Juan Matías Gil, explica estos programas.

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Desafortunadamente, la violencia sexual es una de las formas de agresión más habituales contra niñas y mujeres; es una expresión de la violencia que permanece arraigada y escondida y, en ciertos ámbitos, estos abusos son aceptados o normalizados.

Nuestros equipos proporcionan atención integral a víctimas de violencia sexual en Colombia desde 2015, en Tumaco y Buenaventura. En 2016, hemos atendido a 645 personas en poblaciones con elevados índices de violencia; el 90% de las víctimas atendidas eran mujeres.

Para nuestros equipos, no solo es preocupante la especial vulnerabilidad de esta población frente a esta problemática, sino que es necesario garantizar que las víctimas reciben una atención integral en el seno de las estructuras de la sanidad pública; deben agilizarse las rutas de atención médica y completar esta última con actividades de promoción y prevención sobre la importancia de buscar ayuda inmediata.

Algunas de las víctimas a las que hemos atendido manifestaban que no habían acudido a la sanidad pública debido al estigma que sufren. Existe también una falta de información sobre los servicios a los que tienen derecho, así como un desconocimiento sobre las razones que hacen necesaria una atención integral.

Estigma y silencio

Todos estos obstáculos contribuyen a que las víctimas de violencia sexual opten por permanecer en silencio. Este testimonio de una de nuestras pacientes lo ejemplifica con claridad:

“Yo era muy cariñosa con mis primos y primas. Una tarde, mi primo mayor estaba enfermo y me pidió acostarse a mi lado. Me bajó la ropa interior, se me montó encima y luego quedé toda sucia. Me dijo que me levantara… Me fui a limpiar. Nunca le dije a nadie sobre eso que pasó. Desde hace cuatro años me pasa eso con mi esposo; me obliga a tener relaciones”.

Existen además dificultades en el acceso al tratamiento médico y psicológico de emergencia; este debe recibirse dentro de las 72 horas que siguen a la violación, para prevenir la infección con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis B y evitar los embarazos no deseados. En los centros de salud, la atención integral a las víctimas se condiciona a que estas presenten una denuncia y no existe la certeza de que una agresión sexual se considere una urgencia médica.

Para quienes viven en contextos de violencia urbana y sufren las consecuencias del conflicto armado, los riesgos de sufrir una agresión sexual son mayores. Según la Unidad para las Víctimas (UARIV, organismo del Gobierno colombiano), en 2016 se han producido 70 delitos contra la libertad y la integridad sexual y estarían relacionados con el conflicto; esta cifra podría ser la punta del iceberg si se tiene en cuenta que los delitos sexuales en estos escenarios son los menos denunciados.

Frente a esta alarmante realidad, insistimos en que la atención integral a la salud física y mental de las víctimas de violencia sexual debe ser considerada como una prioridad y como un problema de salud pública y, que como tal, debe atenderse oportuna e integralmente. Esto pasa por ofrecer un tratamiento y prevención integral, que incluya atención psicológica, principalmente a los más vulnerables: las mujeres y las niñas.