Lo decimos alto y claro: NO a las patentes en la pandemia de la COVID-19

Pedimos al Gobierno español y frente al Ministerio de Asuntos Exteriores que no obstaculice la suspensión temporal de patentes de la COVID-19 y que apoye el inicio de las negociaciones formales en la OMC para aumentar la producción de vacunas. Debe cumplir sus compromisos adquiridos y apoyar una medida que marcaría un importante cambio de rumbo en la lucha contra la pandemia.

MSF
10/03/2021
Acto en Madrid - vacunas COVID-19 para todos

Hoy se reanuda la ronda de conversaciones ante el Consejo de los ADPIC (Acuerdos de Propiedad Intelectual) en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para aplicar una exención temporal a determinados derechos de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías contra la COVID-19 hasta que se alcance la inmunidad colectiva.

Con este motivo, Médicos Sin Fronteras (MSF) pedimos al Gobierno español y a los Gobiernos de EE. UU., Canadá, Japón, Australia y los de los países de la UE (entre otros) -que continúan bloqueando lo que sería una medida histórica- que reviertan su postura y permitan el inicio de negociaciones formales en la OMC.

Esta medida, que fue propuesta originalmente por India y Sudáfrica en octubre de 2020, cuenta a día de hoy con el respaldo oficial de 58 Gobiernos patrocinadores y con el apoyo de alrededor de 100 países.

"Un año después del inicio de esta pandemia y a pesar de los dos millones y medio de personas fallecidas, seguimos viendo cómo algunos Gobiernos siguen negando que apoyar la exención de patentes y eliminar temporalmente los monopolios de las herramientas médicas de COVID-19 servirá para ayudar a aumentar la producción y, por tanto, el acceso de las personas a los tratamientos, vacunas y pruebas diagnósticas", explica Raquel González, nuestra responsable de Relaciones Externas.

“La propuesta de exención temporal permitiría a los Gobiernos disponer del espacio político suficiente para colaborar en la investigación y el desarrollo (I + D), la fabricación, la ampliación y el suministro de herramientas médicas contra la COVID-19 sin estar sujetos a los intereses y acciones de la industria privada. Y lo que es más importante, permitiría avanzar en el acceso global de la población a estas vacunas, medicamentos y tratamientos, detalla González.

“Los países deben dar un paso firme en la dirección correcta y mostrar el liderazgo necesario para cumplir con esa 'solidaridad global' que tan a menudo han citado en sus discursos durante esta pandemia. Es hora de defender el acceso a los medicamentos y vacunas para todas las personas, dondequiera que vivan", añade nuestra responsable de Relaciones Externas.

Frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el 10 de marzo a las 9 de la mañana, preparando la acción.

Nos dirigimos a Pedro Sánchez

Con este objetivo, hemos organizado una acción simbólica frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para recordar al Gobierno de España que la salud es un derecho universal y que, hasta que la última persona esté protegida, no se superará la pandemia de la COVID-19. “Queremos decirlo alto y claro: acelerar la producción mundial de vacunas en el menor tiempo posible y facilitar un acceso equitativo en todo el mundo necesita de medidas extraordinarias. La exención de determinados derechos sobre las patentes es un camino directo para aumentar la producción. Las patentes tienen que ser liberadas para que las vacunas lleguen a todo el mundo. Queremos decirle al presidente Pedro Sánchez que este es el momento de dar un paso adelante y demostrar que la buena voluntad no se queda en palabras huecas”, reclama Raquel González.

El acto se ha celebrado sin público ni medios de comunicación para respetar las medidas de prevención y protocolos de no concentración de personas vigentes en la Comunidad de Madrid. En él, podían verse una serie de cajas apiladas y encadenadas, simbolizando las vacunas que permanecen fuera del alcance de la mayoría de las personas y una serie de mensajes dirigidos a Pedro Sánchez en los que se le insta a tomar partido y no obstaculizar la supresión de algunos derechos de la propiedad intelectual relacionados con la COVID-19 durante la pandemia.

Hace unos días, Salud por Derecho y MSF recordamos al Gobierno español que tuviese en cuenta el compromiso adquirido en el documento Estrategia de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria frente a la COVID-19 , que reconoce la vacuna como un bien público, así como la necesidad de compartir la propiedad intelectual para afrontar la pandemia de manera global y garantizar la equidad y el acceso.

Y por otro lado, hace menos de dos meses el Consejo de Ministros aprobó un Plan para garantizar el acceso a las vacunas contra la COVID-19, que incluye la intención de compartir sus excedentes de vacunas y canalizarlos a través de iniciativas como COVAX (el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19) para que lleguen a países de renta baja y renta media-baja, un anuncio que tanto Salud por Derecho como MSF consideramos positivo, pero insuficiente.

 

preparando la acción de protesta frente Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

“Compartir unos excedentes puede paliar una situación de emergencia, pero no va a solucionar los enormes problemas de acceso actuales y que han dado lugar a una desigualdad dramática entre los países más ricos y más pobres del mundo. La situación excepcional y sin precedentes en la que nos encontramos requiere de medidas extraordinarias para que todos los países puedan utilizar toda la propiedad intelectual, el conocimiento y los datos relacionados con las tecnologías sanitarias COVID-19 y ampliar la capacidad de producción”, aseguraba el mes pasado Irene Bernal, investigadora de Salud por Derecho.

Con las nuevas variantes altamente infecciosas del coronavirus propagándose en muchos países de rentas medias y bajas, es fundamental garantizar que las herramientas médicas existentes y las futuras sean accesibles en cantidades suficientes y en el tiempo adecuado, especialmente para los grupos de población con mayor riesgo, entre los que se encuentran los trabajadores sanitarios de primera línea. Si no se ponen los medios necesarios para que aumente el número de proveedores mundiales de herramientas médicas como las vacunas, las personas que viven en países de rentas medias y bajas permanecerán en absoluta desventaja para acceder a ellas. La exención de propiedad intelectual podría proporcionar una opción política más rápida y automática para que los Gobiernos de todo el mundo no dependan únicamente de las medidas voluntarias que pueda adoptar la industria farmacéutica.

 

Brasil, un claro ejemplo

En Brasil, donde el personal sanitario lucha incansablemente para tratar de brindar la mejor atención médica durante las múltiples olas de la pandemia que ha sufrido el país, hemos sido testigos de la saturación que ha sufrido el sistema de salud en varios momentos y lugares, lo que acaba por traducirse siempre en la falta de personal médico y de herramientas para hacer frente a la COVID-19.

“Desde los primeros días de la pandemia, cuando los Gobiernos competían para adquirir en el mercado equipos y materiales para pruebas diagnósticas, materiales de protección como guantes y mascarillas, o equipos para suministrar oxígeno a los pacientes, estaba claro que países como Brasil, donde desde hace tres meses están muriendo más de 1.000 personas al día, estarían al final de la cola cuando llegase el momento de acceder a las vacunas y tratamientos. Por no hablar de muchos otros países africanos que están sufriendo las consecuencias de las nuevas variantes del virus y donde apenas están llegando vacunas”, afirma Raquel González. "Renunciar a los monopolios ayudará a establecer unas reglas de juego más justas para todo el mundo y garantizará un acceso mucho más igualitario a las vacunas y tratamientos".

A pesar de los claros beneficios para la salud pública que ofrece la propuesta de exención de las patentes, un grupo de naciones está obstaculizando meticulosamente el inicio de negociaciones formales en la OMC. Al mismo tiempo, muchos de los países que bloquean o retrasan la propuesta, incluidos Australia, Brasil, Canadá, los países de la UE, Japón, Noruega, Suiza, Reino Unido y los EE. UU, han firmado multitud de contratos opacos con las farmacéuticas para hacerse con la mayoría de las vacunas disponibles, muchas más de las que resultan necesarias para vacunar a toda su población.

“Los países de ingresos bajos y medios están uniendo sus fuerzas para convertir en realidad esta exención del monopolio. Cada vez son más y todos están luchando por la misma causa justa. Son conscientes de que, para luchar contra la pandemia en igualdad de condiciones y poder proteger a su ciudadanía, es necesario adoptar estas medidas. Es hora de que los países que están bloqueando esta iniciativa hagan lo correcto y dejen de poner piedras en el camino”, afirma González.

“Los Gobiernos que se oponen a la propuesta de exención del monopolio saben que no basta con pedir a las corporaciones farmacéuticas que hagan lo correcto. Y depender de su buena voluntad no nos llevará a ninguna parte. Todos los intentos que se han hecho hasta ahora en esta dirección no han servido para asegurar el acceso global a las vacunas y herramientas médicas para luchar contra la COVID-19. Es hora de que se produzca un cambio".

Hasta la fecha, la propuesta de exención ha obtenido el apoyo de cientos de organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo y ha sido bien recibida por varias organizaciones internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el VIH/SIDA (ONUSIDA), la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi), South Centre, Unitaid y Third World Network. Recientemente, más de 115 europarlamentarios instaron a la Comisión Europea y al Consejo Europeo a abandonar su oposición a la propuesta de exención del monopolio.