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10.06.2020

La COVID-19 recrudece la miseria y la violencia contra los civiles en Libia

La pandemia saca aún más a relucir las políticas fallidas de ayuda para ayudar a los migrantes varados en Libia. Ahora, más que nunca, no podemos abandonar a su suerte a miles de personas encerradas arbitrariamente en los centros de detención del país.

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Por Sacha Petiot, coordinador general de MSF en Libia:

Un mes después del primer paciente confirmado infectado de Covid-19 en Misrata, el 25 de marzo, la pandemia de COVID-19 no había provocado oleadas de pacientes con dificultad respiratoria en las salas hospitalarias de Libia.

Tampoco un aumento repentino de la mortalidad en los infames centros de detención que todavía están activos en todo el país, donde cientos de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados sufren detenciones arbitrarias e indefinidas en condiciones de vida extremas.

Los llamamientos a un alto el fuego para así permitir una adecuada planificación y preparación para luchar contra la COVID-19 recayeron en los oídos sordos de las partes beligerantes. Por el contrario, los combates se intensificaron en Trípoli y sus alrededores, con bombardeos más indiscriminados y ataques mortales en zonas residenciales e instalaciones de salud.

Existe una gran precaución en los pronósticos relacionados con COVID-19 en Libia. Pero, esencialmente, lo que hemos visto hasta ahora, mientras gestionamos nuestras operaciones en el país, es que la pandemia, o la respuesta a la misma, ha empeorado las luchas diarias de los civiles libios y ha exacerbado el miseria de los migrantes varados en el país. Ya haciendo malabares con las restricciones de seguridad causadas por la escalada del conflicto, tuvimos que reducir nuestras operaciones a medida que se cerraban los aeropuertos y las fronteras, lo que obstaculizó nuestra capacidad de recibir suministros médicos y personal internacional experimentado, para renovar la visa de aquellos que ya estaban aquí mientras teníamos que evacuar a otros que corrían el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad.

Antes de la pandemia de COVID-19, las limitaciones políticas, los desafíos de seguridad y la escasez de personal internacional sobre el terreno, concentrados principalmente en Trípoli, ponían de manifiesto el fracaso de los programas humanitarios para ayudar y proteger a los migrantes en Libia, incluso cuando estaban adecuadamente financiados.

La situación de hoy es aún peor y también ha expuesto aún más los defectos de la respuesta de las agencias de ayuda internacional al destino de los varados en Libia.

Para unas 1.500 personas actualmente recluidas en los centros de detención (bajo la autoridad de la agencia libia que lucha contra la migración ilegal (DCIM)), la desesperación está alcanzando un nuevo nivel. La interrupción de los vuelos de evacuación del ACNUR y los servicios de repatriación de la OIM a raíz de las restricciones de viaje relacionadas con COVID-19 extinguen su única esperanza de encontrar una salida a un ciclo de abusos y violencia en Libia.

Es de conocimiento común que los centros de detención superpoblados con saneamiento y ventilación deficientes son propensos a la propagación de enfermedades, como se demostró con brotes de tuberculosis anteriores.

¿Dónde aislar? ¿Cómo acceder a una asistencia sanitaria adecuada y oportuna? Las preguntas clave, que la pandemia hace más apremiantes, han permanecido pendientes y, en el mejor de los casos, abordadas de manera gradual.

En las semanas posteriores a los primeros casos de coronavirus en el país, el aumento de precios fruto de la escasez de alimentos básicos combinados con toques de queda causaron crecientes preocupaciones sobre la provisión de alimentos en los centros de detención donde brindamos asistencia médica y psicosocial. A pesar de este deterioro reciente, el sector de seguridad alimentaria liderado por la Agencia de Alimentos de las Naciones Unidas, el PMA, hasta ahora ha decidido no intervenir con ayuda alimentaria directa en los centros de detención, ya que, según se informa, infringiría su oposición a la detención arbitraria.

Esto resume una tendencia general entre los actores humanitarios internacionales que han adoptado un enfoque de detención muy basado en principios. Si bien no podemos tolerar la detención arbitraria y grave de migrantes y refugiados en Libia, también debemos reconocer que los esfuerzos para implementar alternativas no van a ninguna parte.

Ahora, más que nunca, no es el momento de abandonar a las personas detenidas en los centros de detención de Libia a su suerte. Desde hace más de tres años, hemos visto lo importante que es garantizar una presencia física y regular en los centros de detención. No solo para mejorar las condiciones de vida y realizar consultas médicas, sino también para llegar a los hombres, mujeres y niños encerrados sin terminar a la vista, abogar en su nombre y exponer la inhumanidad de su situación.

Sin embargo, la mayor parte de los migrantes y refugiados en Libia no están recluidos en centros de detención de la DCIM. La gran mayoría, incluidos los liberados o que salieron de los centros de detención en los últimos meses, viven en las principales ciudades libias. Están expuestos a amenazas de arresto y detención arbitrarios, robos, secuestros, abusos y cosas aún peores.

Si bien la implementación temprana de medidas preventivas como toques de queda, bloqueos y cierres de fronteras seguramente ha contribuido a contener la propagación de la COVID-19 en Libia, ha perturbado aún más una economía ya frágil. Pero, sobre todo, ha erosionado significativamente las oportunidades para que los migrantes tengan acceso al trabajo diario y otras actividades para ganarse la vida.

Si unimos esta situación al aumento de los precios de los alimentos, ya que Libia importa la gran mayoría de sus productos alimenticios y otros bienes esenciales, como productos de higiene, tenemos situaciones desesperadas: nuestros equipos reciben un número sin precedentes de llamadas de migrantes, a menudo ex pacientes en centros de detención, ahora sin alimentos y sin poder pagar el alquiler en Trípoli. Las restricciones a los movimientos alimentan aún más sus temores de ser arrestados, rescatados o secuestrados cuando salen a la calle.

El apoyo que ofrecen las agencias de ayuda internacional a migrantes y refugiados en entornos urbanos fuera de los centros de detención consiste principalmente en un paquete de ayuda único, que incluye asistencia en efectivo y distribuciones ad-hoc que pueden cancelarse debido a problemas de seguridad y acceso en una ciudad en guerra. Este enfoque de entorno urbano, diseñado y promovido por las agencias de la ONU en parte para compensar el cierre del Centro de acogida y salida de buques insignia del ACNUR en Trípoli (enero pasado) y para acompañar a los refugiados y migrantes liberados de los centros de detención, nunca ha sido adecuado en ausencia de protección y servicios de refugio. Se basa en el apoyo de las comunidades de migrantes que ya luchan por sobrevivir.

Los migrantes y los refugiados son empujados bajo tierra, fuera de la vista y fuera del alcance. La mayoría de las iniciativas para establecer refugios supervisados ​​por organizaciones internacionales, por ejemplo en Janzour, hasta ahora no han tenido éxito, ya que las negociaciones entre los actores humanitarios y las autoridades libias se prolongaron sin resultados tangibles.

Los lugares donde los migrantes y refugiados vulnerables puedan encontrar un nivel mínimo de seguridad y condiciones de vida dignas mientras buscan soluciones más duraderas, como evacuaciones, son más necesarios que nunca. De hecho, aunque hayan sido limitadas, las evacuaciones organizadas por el ACNUR fueron la única medida de protección efectiva que benefició a una fracción de los refugiados varados. No les queda otra alternativa para huir que las peligrosas travesías por mar. 

Así como las ambulancias continúan transportando a los enfermos y heridos a las salas de urgencias a pesar de las políticas de cierre de salud pública, y al igual que se mantienen los servicios esenciales, los vuelos de evacuación desde Libia continuarán operando como una línea vital de emergencia. A su llegada a terceros países seguros, se pueden aplicar medidas preventivas como la cuarentena para evitar contribuir a la propagación de la COVID-19. Pero antes, y mientras dure esta pandemia, cuando se trata de negociar pasos concretos para ayudar y proteger a los migrantes y refugiados, la frase que probablemente escuché más de diplomáticos y representantes de la ONU fue que "pueden hacer muy poco, no tienen influencia”, a pesar de que la UE movilizó más de 500 millones de euros para proyectos relacionados con la migración en Libia desde finales de 2015, en gran parte canalizados a través de agencias de la ONU, en línea con los años de políticas destinadas a mantener alejados a los inmigrantes y refugiados no deseados de Europa a cualquier precio. 

La situación requiere un cambio radical, que, al menos, implica hacer de la protección de los migrantes y refugiados atrapados en Libia una prioridad internacional. La COVID-19 es una amenaza actual y muy real, pero la respuesta no puede ser peor que la enfermedad. Esto es particularmente cierto para los migrantes atrapados, más expuestos a la violencia en el nuevo contexto creado por la pandemia y con aún menos posibilidades de huir. Esta problemática debe convertirse en un verdadero tema de negociaciones para desbloquear un estancamiento mortal, con especial incidencia en reiniciar y ampliar los mecanismos de evacuación humanitaria.

 

* El Fondo Fiduciario ha movilizado hasta ahora 408 millones de euros en proyectos en Libia. Además, se han movilizado alrededor de 98 millones de euros para Libia para el período 2014-2020 bajo el Instrumento Europeo de Vecindad (ENI). Véase también "Hoja informativa sobre el apoyo de la UE a la migración a Libia", de diciembre de 2019.