18 entidades sociales y humanitarias denunciamos la amenaza de la  externalización de fronteras para los derechos humanos y el derecho de  asilo

Las organizaciones señalamos que debilitan garantías fundamentales como el derecho a solicitar asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a una defensa jurídica efectiva, el derecho a la información, la protección al derecho a la salud integral de las personas o la atención específica a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Consolidación de un modelo de externalización de fronteras sin garantías para los derechos humanos

Coincidiendo con la semana en que se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes, el 18 de diciembre, hemos dirigido una carta al Gobierno de España para expresar nuestras principales preocupaciones sobre las propuestas actualmente bajo debate y discusión entre las que se encuentra la profundización de un modelo de externalización del control migratorio hacia terceros países, sin garantías del cumplimiento de los derechos humanos. El refuerzo del concepto de “tercer país seguro”, que permite a los Estados de la UE rechazar una solicitud de asilo como inadmisible si se considera que la persona podía haber solicitado protección internacional en un tercer país, contraviene la práctica general del derecho internacional sobre personas refugiadas, y permite expulsar a personas que solicitan asilo a países donde no tienen ninguna relación, por la fuerza y sin posibilidad de recurrir la decisión. La alarma es mayor porque en la lista de países seguros en los que se delega la identificación y detención de las personas migrantes se incluyen algunos países que han sido denunciados en múltiples ocasiones por violación de derechos humanos y libertades fundamentales.

Destacamos que con respecto al impacto en la infancia migrante y solicitante de protección internacional, la aplicación de estos conceptos es especialmente preocupante y podría ir en contra del interés superior de la infancia. 

Alertamos también sobre el refuerzo de los procedimientos de control, identificación y evaluación rápida de nacionales de terceros países en frontera (triaje) y el uso intensivo de datos biométricos, que pueden aumentar la criminalización y el racismo institucional.

Asimismo, cuestionamos que la llamada “solidaridad flexible” (acuerdo que permite a los Estados miembro financiar proyectos en terceros países destinados al control migratorio, como alternativa a la reubicación de las personas con necesidad de protección en la UE), no puede sustituir a un verdadero sistema de solidaridad y acogida y se debe garantizar un reparto equitativo de la responsabilidad de acoger de forma justa y digna a las personas solicitantes de protección internacional en UE.

Las ONG destacamos, por otra parte, la importancia de la negativa mantenida por el Gobierno español respecto al Reglamento de Retorno de la UE, debatido a principios de diciembre, en el que se propone acelerar y simplificar los procedimientos para el retorno de las personas en situación irregular en los Estados miembros, permitiendo el establecimiento de centros de deportación en terceros países.

No obstante, manifestamos nuestra alarma ante informaciones recientemente publicadas sobre la participación de la agencia de cooperación española FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas) en la construcción de dos “centros temporales de recepción para extranjeros" en Mauritania, en los que se podrá privar de libertad también a menores de edad, incluidos bebés en edad lactante; así como ante el aumento de recursos para la transferencia de inteligencia, equipamiento policial y vigilancia fronteriza hacia los países africanos para el control migratorio.

Falta de transparencia y participación de la sociedad civil

Ante la trascendencia jurídica, política y social de este acuerdo exigimos que el Gobierno garantice máxima transparencia, publicidad de los actos preparatorios y solicitan la participación real, efectiva y verificable de la sociedad civil, en consonancia con los principios y obligaciones que deben regir la actuación de las Administraciones conforme al derecho europeo, la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. Insistimos en la necesidad de que el mecanismo de supervisión independiente previsto para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la gestión fronteriza incorpore una participación regular y efectiva de las organizaciones de la sociedad civil.

Reiteramos que, sin vías legales y seguras, sin compromisos reales y ambiciosos de reasentamiento y sin un sistema de acogida fuerte y estable, el PEMA está condenado al fracaso desde el punto de vista humanitario.