COVID-19: las personas mayores deben estar en el centro de toda decisión y política pública 

Médicos sin Fronteras trabajamos en España durante la pandemia de la COVID-19 dando apoyo a las residencias de personas mayores, uno de los lugares donde se registraron mayores tasas de mortalidad. Asumimos nuestra responsabilidad en consonancia con 50 años de acreditada experiencia en crisis sanitarias complejas, muchas de ellas ligadas a episodios epidémicos. 

El 19 de marzo de 2020 iniciamos este apoyo con equipos presenciales en algunas de las residencias más afectadas en Cataluña y, desde entonces, extendimos nuestra actuación a otras comunidades. En total, dimos apoyo a 486 residencias de mayores en 7 Comunidades Autónomas; 200 de ellas, en Cataluña.  

El propósito de nuestra intervención en las residencias fue la prevención y control de la infección para reducir la transmisión y, con ello, reducir la mortalidad. Para ello, MSF nos orientamos a aliviar la carga de un personal que estaba sobrepasado, desorientado, desinformado y desprovisto de material de protección. 

Nos encontramos con un sistema poco preparado y mal equipado para atender las necesidades de los pacientes en residencias.

Uno de los aspectos más débiles de la respuesta a la COVID-19 fue que no se centró adecuadamente en las personas. En la respuesta no se dio prioridad a los residentes y muchos de ellos murieron solos, aterrorizados o fueron testigos de cómo sus vecinos morían asfixiados y privados de contacto humano y calor, sin acceso a atención médica cualificada.

En 2023, el Parlamento Catalán estableció un grupo de trabajo de Análisis del Impacto de la COVID-19 en las Residencias, que fue aprobado en febrero de 2024 en la Comisión de Derechos Sociales. El Grupo de trabajo solicitó a nuestra organización una comparecencia escrita, donde expusimos nuestras preocupaciones y recomendaciones.

Diagnóstico

En su experiencia directa, MSF constatamos que la respuesta inicial de la sanidad pública excluyó a las residencias, por lo que los responsables sanitarios vulneraron el derecho a la salud de los residentes. Hubo una incapacidad clara para derivar pacientes enfermos al sistema de salud para su atención oportuna

Los pacientes enfermos a menudo no eran derivados, o lo eran demasiado tarde, al sistema sanitario. Las derivaciones o circuitos preferentes de traslado de infectados a otros centros u hospitales no se priorizaban y, en algunos casos, no se permitían.

Además, detectamos la falta de sistemas de datos sólidos para identificar problemas en los centros asistenciales, equipos de atención domiciliaria mal equipados para tratar la COVID-19, y escasa coordinación entre los diferentes actores. En definitiva, el olvido de los derechos de las personas mayores.

Recomendaciones

Nuestras principales recomendaciones fueron:

• Las intervenciones dirigidas a las residencias necesitan un enfoque humanitario centrado en las personas, donde se les trate con dignidad y se respeten sus derechos.
• Las respuestas de salud pública deben reforzarse para tener en cuenta a los residentes desde el principio.
• Es esencial incluir recursos humanos adecuados con cierta capacidad de respuesta y conocimiento ante brotes epidémicos.

Sobre el informe

Aunque el informe del Parlamento Catalán incorpora aspectos positivos respecto a un nuevo modelo residencial, no concreta el grado de incumplimiento de las obligaciones de la administración para garantizar la calidad de la atención en las residencias y la protección de los derechos de las personas mayores durante la pandemia. 10.000 residentes murieron durante 2020 a 2022 por la pandemia.

En definitiva, defendemos situar a las personas mayores en el centro de toda decisión y política pública que se desarrolle como respuesta a esta situación, para asegurar que no se repita lo sucedido, dignificar el trato y cuidados de y reforzar su autonomía como pacientes o grupo de gran vulnerabilidad.

Aliviar el sufrimiento humano y tratar a las personas con dignidad es esencial para su supervivencia. La pandemia de la COVID-19 demostró la necesidad de garantizar que no se deje atrás a los más expuestos.