Las políticas migratorias deshumanizantes en EE. UU., México y Centroamérica dejan a cientos de miles de personas abandonadas y en peligro

En sus primeros seis meses de mandato, el actual Gobierno estadounidense ha implementado la política migratoria más restrictiva y deshumanizante en años, abandonando a cientos de miles de personas que buscaban asilo en Estados Unidos y dejándolas varadas en peligro en México y Centroamérica, según un nuevo informe que publicamos hoy.

El informe destaca cómo las políticas y el discurso del Gobierno estadounidense que criminalizan la migración han resonado en Latinoamérica. MSF hacemos un llamamiento a los Gobiernos en el continente a que renuncien a las tácticas de disuasión y abandono y, en su lugar, implementen políticas humanas que garanticen el acceso al asilo, la atención médica y la protección a lo largo del corredor migratorio latinoamericano.

“Estas políticas, combinadas con la drástica reducción de la ayuda y la huella humanitaria a lo largo de la ruta migratoria, han tenido un impacto devastador en el bienestar de las personas que buscan seguridad”, afirma Franking Frías, subdirector de nuestras operaciones en México y Centroamérica. “Este sufrimiento se invisibiliza deliberadamente, se oculta tras la narrativa errónea de que la migración se ha detenido. Sin embargo, cada día vemos las consecuencias en pacientes que viven con lesiones sin tratar, traumas por violencia sexual y graves afecciones de salud mental que les imposibilitan la vida diaria”.

El informe que publicamos, titulado ‘Rechazados. El devastador impacto humano de los cambios de política migratoria en Estados Unidos, México y América Central’, muestra cómo los recientes cambios en las políticas han erosionado el derecho a solicitar asilo y han dejado a muchos migrantes y solicitantes de asilo varados sin un lugar seguro adónde ir, atrapándolos en un ciclo de violencia física, emocional e institucional. El informe se basa en el análisis de datos médicos de MSF y entrevistas exhaustivas con pacientes de diversas nacionalidades en diversas etapas de su migración, así como con personal de MSF que trabaja a lo largo de la ruta migratoria en Panamá, Honduras, Guatemala y México.

Las vías para solicitar asilo, cerradas
Desde finales de enero, el Gobierno estadounidense ha cerrado las principales vías para solicitar asilo y protección —entre ellas la suspensión de la solicitud CBP One y la eliminación del parole humanitario—, ha reforzado la seguridad en la frontera con México y ha deportado a personas en condiciones abusivas, incluyendo la deportación de personas encadenadas, el envío de deportados a terceros países y la separación de familias.

“Nos sentimos abandonados y desprotegidos”, dice una mujer hondureña atrapada en Reynosa, en el norte de México. “Nunca quisimos entrar ilegalmente a Estados Unidos. Pedimos benevolencia para casos como el mío: madres que llevan mucho tiempo esperando con sus hijos, que quieren darles una vida mejor. Ya hemos pasado por un proceso; ya teníamos un derecho. Hemos sido víctimas de estafas, de los cárteles, nos han engañado, estamos traumatizados”. La mujer había conseguido una cita a través de CBP One para tres días después de que la aplicación fuera cerrada y todas las citas fueran canceladas.

Además, varios países del corredor migratorio latinoamericano también han reforzado las medidas de disuasión. Agentes del orden público y autoridades migratorias de la región han devuelto a la fuerza a migrantes, restringido la circulación de personas y desmantelado campamentos urbanos. Han cerrado estaciones de recepción migratorias, disuelto congregaciones en espacios públicos, realizado redadas, detenido arbitrariamente a personas, aumentado el patrullaje y complicado y reducido el acceso a trámites burocráticos, incluyendo los procesos de asilo.

Atrapados en un ciclo de violencia
“Estuvimos cautivos durante 60 días”, dice un hombre venezolano varado en Ciudad Juárez, en el norte de México. “[Los delincuentes] me golpearon en la cabeza, me sacaron una muela y me pusieron una pistola en la boca para tomarme fotos y llamar a uno de mis hijos en Estados Unidos. Mi hijo y mi yerno pagaron el rescate y nos liberaron. El plan era ir a Estados Unidos. El resto de mi familia está allí esperándonos. Pero con este gobierno estadounidense, no sabemos qué hacer”.

Carmen López, nuestra gestora de actividades móviles de salud, comparte la historia de una paciente venezolana a la que asistió en Guatemala. El hombre y su hijo fueron deportados de Estados Unidos a principios de año, a pesar de haber ingresado con CBP One: “Primero, los mantuvieron separados en un centro de detención en Estados Unidos durante unos 20 días. Posteriormente, los deportaron a México. Durante el traslado a las autoridades mexicanas, le robaron la mochila que contenía sus pertenencias y ahorros. Los dejaron en Villahermosa [una localidad del sureste de México]. Tuvieron que emprender el regreso [a Venezuela] sin dinero. Estaba muy frustrado porque había pasado por el proceso legal y, al final, todo había sido una mentira”.

Para muchos, regresar a su país no es una opción, ya sea por falta de recursos económicos o por miedo a lo que huyeron en primer lugar, como las crisis políticas y económicas en Venezuela o Cuba, la violencia generalizada en Haití, el conflicto en las regiones periféricas de Colombia, o las amenazas de grupos criminales y la falta de oportunidades en Ecuador y otros países centroamericanos. "Nos dieron un ultimátum de 24 horas para pagar una cantidad de dinero que no teníamos", dice una mujer salvadoreña en Tapachula, sur de México. "Migrar no fue una decisión política ni la búsqueda de mejores oportunidades económicas. Fue una decisión urgente para salvar nuestras vidas".

Con la posibilidad de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos casi eliminada, decenas de miles de personas ven en México una alternativa. Sin embargo, nuestros equipos son testigos de cómo los procedimientos de asilo en México se han vuelto más largos y complejos en varias ciudades. Paralelamente, la violencia perpetrada por grupos del crimen organizado y otros actores sigue siendo alarmante, incluyendo secuestros, extorsión, robos, violencia sexual y explotación laboral. “La violencia es mucho más evidente ahora”, afirma Ricardo Santiago, quien coordina nuestros programas en el norte y sur de México. “Antes, dada la gran cantidad de personas en movimiento, algunos se salvaban, mientras que hoy la mayoría de las personas con las que he hablado han sido víctimas de violencia. No hay escapatoria”.

El impacto emocional de la incertidumbre
Nuestros equipos en la región, particularmente en México, han observado un aumento en las necesidades psicológicas de los pacientes y una alta proporción de personas con problemas graves de salud mental, a pesar de la reducción de las actividades médicas a raíz de la desaceleración de los flujos migratorios. En los últimos años, muchos pacientes han tenido una necesidad evidente de apoyo en salud mental debido a la violencia recurrente sufrida y las precarias condiciones de vida que soportan a lo largo de la ruta migratoria. Pero además de estas experiencias, las personas ahora enfrentan la incertidumbre provocada por los drásticos y numerosos cambios de política, que provocan desesperación al darse cuenta de que todo lo que soportaron para llegar a Estados Unidos fue en vano.

“Los síntomas son cada vez más intensos”, afirma Lucía Samayoa, coordinadora de nuestro proyecto en Tapachula. “Viven bajo mucha presión y estrés. Muchas personas requieren tratamiento farmacológico, con un proceso terapéutico más estructurado y prolongado”.

Además, los migrantes varados y los solicitantes de asilo se han dispersado, volviéndose más invisibles debido al miedo a la detención y la deportación en medio de un entorno estigmatizante, en el que se les etiqueta repetidamente como criminales.

“Hoy en día, los migrantes son menos accesibles y el sistema humanitario no está preparado para abordar eficazmente sus vulnerabilidades y necesidades complejas”, afirma Frías. “Detrás de cada política hay un impacto en personas reales: sobrevivientes de tortura, familias que escapan del peligro y menores que cruzan la frontera solos. Su salud, seguridad y dignidad son obligaciones legales y morales. Todos los Gobiernos de la región deben actuar ahora para proteger, y no castigar, a las personas que buscan seguridad, y crear vías seguras de migración”. 

Entre enero de 2024 y mayo de 2025, nuestros equipos brindaron más de 90.000 consultas de salud primaria y 11.850 consultas de salud sexual y reproductiva, atendieron a casi 3.000 supervivientes de violencia sexual y realizaron cerca de 17.000 consultas individuales de salud mental —la mayoría motivadas por la violencia— a personas migrantes en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.