Los médicos no pueden parar el genocidio, los líderes mundiales sí

Más de un millón de personas en Gaza se enfrentan a un nuevo horror tras recibir la orden de evacuación urgente de Ciudad de Gaza, antes de una gran ofensiva terrestre del ejército israelí. Para muchos, escapar es imposible: los ancianos, los enfermos graves, las mujeres embarazadas o los heridos. A los que se quedan atrás se les ha condenado a muerte.

Las personas que intenten huir lo harán bajo intensos bombardeos. Las que sobrevivan al viaje llegarán a zonas superpobladas del centro y el sur de Gaza, donde no encontrarán ni seguridad ni lo básico para sobrevivir. Una población empujada al límite por casi dos años de brutalidad extrema se enfrenta a una catástrofe.

Lo que está ocurriendo en Gaza no es solo una catástrofe humanitaria, es la destrucción sistemática de un pueblo. Médicos Sin Fronteras lo tenemos claro: Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos en Gaza y lo está haciendo con total impunidad.

El coste humano es abrumador. Según las últimas cifras del Ministerio de Salud, más de 64.000 personas han sido asesinadas, entre ellas 20.000 niños y niñas. Es probable que el número real de muertos sea mayor, ya que hay muchas más personas sepultadas bajo los escombros de hospitales, escuelas y viviendas.

No hay ningún lugar seguro en Gaza. Familias enteras han sido aniquiladas mientras se refugiaban en sus hogares. Se ha asesinado a trabajadores sanitarios mientras atendían a los enfermos. Se ha atacado a periodistas por ser testigos de los hechos. El ejército israelí ha atacado todo y a todos en Gaza.

Se están utilizando armas de alta intensidad diseñadas para campos de batalla abiertos —algunas vendidas a Israel por Estados Unidos y gobiernos europeos— en zonas urbanas densamente pobladas, donde la gente se refugia en tiendas de campaña. Como resultado, estamos tratando lesiones devastadoras.

Las autoridades israelíes han atacado sistemáticamente el sistema sanitario de Gaza, bombardeando hospitales, asaltando instalaciones médicas y poniendo en peligro la vida del personal y los pacientes, actos que pueden constituir crímenes de guerra. Los pocos hospitales que quedan están desbordados y carecen de suministros suficientes. Los pacientes sufren y mueren innecesariamente.

12 de nuestros colegas han sido asesinados y nuestro cirujano ortopédico, el Dr. Mohammed Obeid, permanece detenido por Israel desde octubre de 2024. En total, más de 1.500 trabajadores sanitarios han sido asesinados. Cada uno de ellos es una pérdida devastadora, tanto para sus familias como para el asediado sistema sanitario de Gaza.

El impacto de la guerra genocida va más allá de los ataques directos. Las autoridades israelíes han asfixiado deliberadamente a Gaza, imponiendo un asedio total, con severas restricciones en el suministro de combustible, agua, alimentos y material médico.

La política de castigo colectivo, que incluye el hambre deliberada, ha logrado su brutal objetivo: la declaración de la hambruna. Una encuesta reciente realizada en nuestras clínicas de Gaza reveló que el 25% de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia estaban desnutridas, lo que puede aumentar el riesgo de muertes fetales, abortos espontáneos y partos prematuros.

La limitada ayuda alimentaria disponible se ha utilizado cínicamente como arma. Una operación dirigida por Israel y financiada por Estados Unidos es responsable de la muerte de 1.400 personas y de dejar heridas a otras 4.000. Hemos atendido a niños que han recibido disparos en el pecho mientras intentaban conseguir comida, y a personas aplastadas o asfixiadas en estampidas. Este nivel de brutalidad es inconcebible.

La escasez deliberada de agua está provocando enfermedades. El mes pasado, MSF atendió a 4.000 personas por diarrea acuosa, que puede ser mortal para las niñas y los niños desnutridos. MSF podríamos aumentar el suministro de agua potable, pero se le impide hacerlo de forma habitual.

Mientras tanto, la violencia de los colonos y del Estado en la Cisjordania ocupada se está acelerando. El robo de tierras, los desplazamientos forzados y los ataques a las comunidades se están intensificando, como parte de las políticas diseñadas para cambiar la composición demográfica de Cisjordania.

Los gobiernos de todo el mundo, ya sea mediante el apoyo político, militar o material a Israel, o mediante su silencio, son cómplices del genocidio. Tienen la obligación moral y legal de responder. Esto significa ejercer una presión política real, no palabras vacías, utilizando todas las medidas políticas, diplomáticas y económicas disponibles para detener estas atrocidades.

Los Estados deben garantizar urgentemente un alto el fuego, levantar el asedio y asegurarse de que las autoridades israelíes permitan la entrega inmediata y sin obstáculos de ayuda humanitaria independiente a gran escala. Las instalaciones médicas y los trabajadores sanitarios deben ser protegidos. Las órdenes de evacuación y el desplazamiento forzoso masivo deben cesar.

Las fronteras deben abrirse para permitir la evacuación de las personas que deseen marcharse y de los pacientes que necesiten atención especializada urgente. Los gobiernos deben facilitar activamente estas vías de salvamento y el derecho al retorno cuando las condiciones sean realmente seguras para ello.

Los ataques de Hamás en octubre de 2023 fueron horribles, y también se debe permitir que todos los rehenes restantes regresen a sus hogares, al igual que los palestinos detenidos arbitrariamente.

Los países que han expresado su indignación y solidaridad con los palestinos pueden y deben hacer más para aumentar la presión política sobre otros para que actúen. Esto incluye garantizar que todos los países detengan las transferencias de armas utilizadas para matar y herir a personas y destruir la infraestructura civil en Gaza.

Cada día, nuestros 1.118 compañeros que trabajan en Gaza se enfrentan a la devastadora realidad de no poder detener un genocidio. Pero los líderes mundiales pueden hacerlo, si deciden actuar. A medida que se acerca el segundo aniversario de esta violencia implacable y extrema, las decisiones políticas necesarias para ponerle fin se han retrasado demasiado.