MSF pedimos la liberación de profesionales sanitarios palestinos detenidos en Israel 

Por el Dr. Javid Abdelmoneim, presidente internacional de MSF

Más de 1.700 trabajadores sanitarios han muerto durante el genocidio en Gaza. Israel ha detenido a cientos más sin cargos. Médicos, enfermeros y paramédicos que decidieron quedarse para atender a los heridos se han convertido también en víctimas de esta guerra. Cuando el personal sanitario muere, es encarcelado o desaparece, no son solo los trabajadores sanitarios quienes pagan el precio. Los pacientes pierden a las personas de las que dependen para mantenerse con vida.

Cuando los delegados se reúnen esta semana en Róterdam para la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM), habrá un asunto que, inevitablemente, estará sobre la mesa: el destino de sus colegas palestinos. No como una cuestión de debate, sino como una prueba de si el organismo mundial que rige la ética médica sigue defendiendo aquello que afirma.

La AMM ya ha reconocido la gravedad de estas cuestiones mediante la adopción de su resolución sobre la protección de la atención sanitaria en conflictos. Fue un paso importante y una reafirmación bienvenida de los principios de neutralidad médica. El desafío ahora es garantizar que esto vaya acompañado del compromiso de todas las asociaciones médicas para respaldar explícitamente la resolución y utilizar su influencia para presionar a los gobiernos a actuar.

Si la Asamblea de la AMM necesitara un rostro para representar este asunto, podría ser el del Dr. Hussam Abu Safiya, pediatra y director del Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza; el último hospital operativo en esa zona hasta que las fuerzas israelíes irrumpieron en él en diciembre de 2024. Lleva ya más de 18 meses detenido sin cargos en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales de Israel, que permite la detención indefinida. Continúa sufriendo un prolongado aislamiento, una grave pérdida de peso y afecciones médicas preexistentes que no están siendo tratadas. Una petición internacional para exigir su liberación ha reunido firmas procedentes de 41 países.

Junto a él está el Dr. Mazen Al Rantisi, médico de familia de 71 años procedente de Ramala, conocido como el ‘médico de los pobres’, detenido en junio de 2026 durante una redada de madrugada en su domicilio.

Además, nuestro antiguo compañero, el Dr. Mohammed Hassan Ali Obeid, un respetado cirujano ortopédico palestino de 43 años y padre de tres hijos, lleva más de 600 días detenido en Israel en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales, sin que se hayan presentado cargos contra él.

Y no están solos: más de 80 trabajadores sanitarios permanecen bajo custodia israelí, entre ellos al menos 14 médicos de Gaza detenidos sin cargos, además de médicos de Cisjordania arrestados recientemente.

La práctica israelí de detener arbitrariamente, torturar y maltratar al personal médico palestino en Israel forma parte, según nuestra organización, de un esfuerzo deliberado y sistemático para desmantelar la capacidad de los palestinos de proporcionar atención sanitaria. Esto resulta evidente en la destrucción del sistema sanitario de Gaza por parte de Israel, así como en el debilitamiento deliberado de la atención sanitaria en Cisjordania mediante presiones financieras, obstáculos, escasez de personal y restricciones a la circulación. Esto es coherente con lo que MSF consideramos un claro y flagrante desprecio por la vida de los palestinos.

La Asamblea debería hablar claramente sobre lo que está ocurriendo. Debería pedir públicamente la liberación de los médicos palestinos detenidos, incluidos el Dr. Hussam Abu Safiya, el Dr. Mazen Al Rantisi y el Dr. Mohammed Obeid. Debería exigir un acceso independiente a las personas que continúan detenidas. Y debería respaldar investigaciones independientes sobre los ataques contra la atención sanitaria en Gaza y Cisjordania, haciendo públicos sus resultados independientemente de a quién señalen.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado más de 790 ataques contra la atención sanitaria que han afectado a 125 centros sanitarios, incluidos 34 hospitales. Aproximadamente el 90% de las infraestructuras sanitarias de Gaza han sido destruidas o dañadas. En agosto de 2025, expertos de Naciones Unidas afirmaron que la destrucción sistemática del sistema sanitario equivale a un ‘medicidio’.

De los cientos de trabajadores sanitarios detenidos por Israel desde el 7 de octubre de 2023, algunos llevan más de 600 días detenidos en condiciones inhumanas, incluidos casos documentados de tratos compatibles con la tortura.

Y esto no ocurre únicamente en Gaza. En Cisjordania, donde ninguna situación de emergencia bélica puede servir de justificación, la OMS documentó 98 ataques contra la atención sanitaria solo durante los primeros siete meses de 2026, que provocaron 87 muertes y más de 1.600 heridos. Las ambulancias son detenidas en los puestos de control y sus tripulaciones son arrestadas; los profesionales sanitarios que intentan llegar hasta personas heridas en ataques de colonos también encuentran obstáculos. Los pacientes que necesitan diálisis o tratamiento oncológico permanecen en sus casas porque los puestos de control hacen imposible desplazarse hasta los centros donde reciben tratamiento. Trabajadores sanitarios han recibido disparos, han sido detenidos y han muerto durante incursiones.

Esta es una oportunidad para ejercer colectivamente presión sobre las asociaciones médicas, las autoridades políticas y cualquier organismo pertinente para que actúen. La AMM debería sumarse a los llamamientos para llevar a cabo investigaciones rápidas, transparentes e imparciales sobre los ataques contra la atención sanitaria en Gaza y Cisjordania, al tiempo que reitera su llamamiento para la liberación de todos los trabajadores sanitarios detenidos arbitrariamente.

El personal sanitario no es un objetivo. O una bata blanca merece protección en todas partes, o no está protegida en ningún lugar. La cuestión no es simplemente si afirmamos estos principios, sino si los defendemos cuando más importa.

Lo que tiene ante sí la Asamblea de Róterdam es un deber. Un deber que reafirma, de manera firme, estructural y universal, el principio fundacional de la AMM: que pertenecer a ella conlleva una responsabilidad ética que no puede variar en función de la geografía o de las alianzas. Un deber que obliga a todos sus miembros a cumplirlo.