RDC: medidas perjudiciales y restrictivas obstaculizan la atención a supervivientes de violencia sexual en Kivu Norte

Las autoridades de facto de la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC) —el FRN, anteriormente AFC/M23— llevan meses imponiendo restricciones perjudiciales relacionadas con el acceso a la atención médica para las personas supervivientes de violencia sexual. Advertimos de que estas políticas obstaculizan el acceso de la población a esta atención esencial y aumentan su vulnerabilidad.

MSF reconocemos los compromisos asumidos a principios de octubre por la dirección del FRN para abordar esta situación. Sin embargo, hasta la fecha, estas medidas correctivas no se han aplicado y las restricciones siguen vigentes. Instamos al FRN a implementar de inmediato los acuerdos alcanzados para garantizar un acceso seguro y confidencial a la atención médica.

Desde principios de 2026, las autoridades responsables de supervisar los servicios sanitarios en Kivu Norte han introducido o propuesto medidas dirigidas al personal sanitario, los centros de salud y las organizaciones humanitarias que suscitan graves preocupaciones en relación con la confidencialidad médica, la ética profesional, la protección de las víctimas y supervivientes y el acceso a la atención sanitaria.

Entre estas medidas se incluye presionar al personal sanitario para que reduzca el número de víctimas y supervivientes atendidas mediante una definición más restrictiva de la violencia sexual. Por ejemplo, limitando el reconocimiento de la violencia sexual a las personas que presentan signos visibles de lesiones; exigiendo exploraciones físicas invasivas y médicamente innecesarias para demostrar que se ha producido violencia o una agresión; obligando a las víctimas y supervivientes a denunciar ante la policía antes de recibir atención médica; y restringiendo el acceso a la atención a aquellas personas que acudan dentro de las 72 horas posteriores a la agresión.

Las autoridades de facto también han ordenado a organizaciones y proveedores de servicios sanitarios, entre ellos MSF, que utilicemos formularios de documentación que exigen preguntas invasivas, estigmatizantes e innecesarias, sin relevancia para el tratamiento médico. Entre ellas se incluyen el nombre y la dirección de las víctimas y supervivientes, así como detalles sobre los presuntos agresores. Esto socava la confidencialidad de los pacientes, expone a las víctimas y supervivientes a nuevos riesgos y contraviene las normas internacionales de ética médica.

Los pacientes, especialmente las mujeres, denuncian que se les hacen preguntas o se les amenaza para disuadirles de acudir a las clínicas que cuentan con el apoyo de organizaciones humanitarias.

El personal sanitario y los colaboradores del sector de la salud nos han comunicado que han recibido amenazas de suspensión e incluso de encarcelamiento si no cumplen las nuevas medidas. Estas amenazas ya están disuadiendo a algunos profesionales sanitarios de prestar atención esencial a las víctimas y supervivientes de violencia sexual y, en algunos casos, les están llevando a abandonar por completo su trabajo por miedo. Esto reduce aún más el acceso, ya de por sí limitado, de la población a la atención médica.

MSF ya estamos observando el impacto de estas medidas, con un acusado descenso de las consultas de víctimas y supervivientes de violencia sexual. En varios centros de salud que apoyamos en Kivu Norte, se eliminaron de los registros decenas de anotaciones relacionadas con estas consultas, lo que redujo drásticamente el número oficial de casos registrados. Algunos centros también han dejado de registrar los casos por completo o han comunicado cifras muy bajas durante varios meses.

Al analizar los datos de algunos de los centros sanitarios a los que apoyamos en Kivu Norte, observamos que en agosto de 2026 un 41% menos de personas había solicitado este tipo de atención en comparación con enero de 2026. Otros centros que apoyamos en Kivu Norte también registraron descensos significativos: pasaron de atender a unas 80 víctimas y supervivientes al mes en 2025 a tan solo 9 al mes en 2026. Las comunidades también informan de un miedo cada vez mayor a la hora de acceder a estos servicios.

“Hacer que la crisis sea menos visible no significa que la violencia que la provoca haya desaparecido”, afirma Akke Boere, nuestra directora de operaciones. “Un descenso en el número de casos registrados no significa que la violencia sexual esté disminuyendo. Simplemente significa que las personas supervivientes se enfrentan a obstáculos para acceder a una atención segura y confidencial”.

“La prioridad debe ser eliminar las barreras de acceso a la atención médica, reforzar la protección y el acceso a la justicia, y abordar las condiciones que permiten que la violencia sexual siga produciéndose”, afirma Boere. “Las actuales medidas restrictivas no son la manera de conseguirlo: únicamente perjudican aún más a las personas supervivientes”.

MSF hemos mantenido un diálogo regular con las autoridades de facto, incluida su dirección. Aunque estos intercambios han dado lugar a compromisos para abordar el problema, las medidas perjudiciales y restrictivas han seguido aplicándose.

“MSF pide al FRN que actúe de inmediato para garantizar que la atención a las personas supervivientes de violencia sexual esté protegida, sea confidencial y accesible, y se centre en sus necesidades sanitarias”, afirma Boere. “Deben emitirse directrices oficiales dirigidas a las autoridades sanitarias para garantizar que el personal médico deje de estar sometido a presiones. Asimismo, las actividades deben supervisarse de manera que se preserve la confidencialidad y no se intimide ni se perjudique a las personas supervivientes ni al personal sanitario”.

Al mismo tiempo, MSF subrayamos que el acceso a la atención sanitaria nunca debe depender de denunciar los hechos ante las autoridades ni de emprender acciones legales. Aunque exigir responsabilidades a los agresores es fundamental, condicionar la atención médica a la presentación de una denuncia puede disuadir a las víctimas y supervivientes de buscar tratamiento urgente y exponerlas potencialmente a nuevos daños.