Reconocimiento en el Parlament a la labor médico-humanitaria
El Parlament de Catalunya ha aprobado una declaración institucional a petición de Médicos Sin Fronteras en la que se reafirma el compromiso con la protección de la misión médica en situaciones de crisis y conflictos armados como parte de la iniciativa Nuestra Línea Roja.

Esta iniciativa destaca el papel fundamental que desempeña la misión médica para salvar vidas y brindar atención humanitaria y solicita al gobierno de España que, como miembro de la ONU y la UE, lidere la defensa del derecho internacional humanitario, adoptando medidas concretas que aseguren la protección del personal sanitario, humanitario y la población civil en zonas de conflicto.
Durante la aprobación en el Pleno del Parlamento, el presidente de esta Cámara, Josep Rull i Andreu ha agradecido la labor de nuestra organización y ha subrayado la importancia la importancia de garantizar la protección de la población civil y la misión médica en contextos de crisis, guerras, conflictos y violencia extrema, condenando enérgicamente los ataques a las instalaciones y servicios médicos y al personal sanitario que prestan asistencia en estos contextos, así como los ataques contra la población civil. La declaración ha sido firmada por los grupos parlamentarios PSC-Units, Junts, ERC, PPC, Comuns y CUP-DT. Agradecemos a todos los grupos parlamentarios su apoyo. Ha sido un ejemplo de cómo el valor de la humanidad trasciende fronteras y nos une más allá de cualquier diferencia.
Según la OMS, solo en 2024 se registraron 1.646* ataques contra la misión médica y 944 muertes. La protección de la misión médica, así como a la población civil, debe ser una prioridad global que afecta no solo a las organizaciones humanitarias que operan en zonas de conflicto, sino también a los principios humanitarios fundamentales, a la ética médica y a la dignidad humana.
Con esta declaración, Cataluña da un paso más y se suma a la defensa global del derecho internacional humanitario y los valores de humanidad, y hace un llamamiento al Gobierno de España y la comunidad internacional para exigir una mayor rendición de cuentas, promoviendo investigaciones independientes y acciones contra la impunidad, así como reforzar los mecanismos de protección del personal sanitario y las infraestructuras médicas establecidos según las resoluciones 2286 (2016) y 2573 (2021) de Naciones Unidas.
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