México

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en 2021, hubo en Centroamérica una cifra sin precedentes de personas desplazadas, lo que se tradujo en una verdadera una crisis humanitaria. Casi un millón de personas huyeron de sus hogares y países de origen para escapar de la violencia y de la falta de oportunidades, situación que se vio exacerbada por la pandemia de COVID-19.

La nueva administración de Estados Unidos había asegurado que su actitud sería más compasiva con las personas indocumentadas que llegaran a su frontera sur. Pero no fue así: alegando motivos relacionados con la salud pública, mantuvo sus restrictivas políticas de asilo, cerró fronteras y deportó a cientos de miles de personas a México y otros países. Esta situación, sumada a la criminalización de la migración por parte de los Gobiernos de la región, obligó a la gente a arriesgarse a tomar rutas más peligrosas y quedar expuesta a robos, extorsión, torturas, secuestros y violaciones y otras agresiones sexuales.

Nuestros equipos trabajaron para mejorar el acceso a la atención médica y psicológica en distintos puntos de la ruta migratoria, y priorizaron la asistencia a los grupos más vulnerables: niños (acompañados o no), mujeres que viajaban solas, personas no hispanohablantes, migrantes de fuera del continente, personas mayores, personas LGBTIQ+ y víctimas de violencia.

La movilidad de nuestras operaciones nos permitió dar respuestas de emergencia a necesidades específicas a medida que se iban detectando. Desplegamos equipos en la frontera norte de México –en Nuevo Laredo (en el estado de Tamaulipas) y en Ciudad Acuña (en Coahuila)–, así como en el sur, donde asistimos a migrantes que llegaban a la ciudad de Tapachula (en Chiapas). Nuestro Centro de Atención Integral (CAI) en la Ciudad de México siguió ofreciendo atención médica y psicológica, fisioterapia y trabajo social a migrantes, refugiados y ciudadanos mexicanos que habían sufrido violencia extrema.

En septiembre, decidimos reorientar nuestro proyecto en Reynosa y Matamoros (en Tamaulipas), donde trabajábamos desde 2019 atendiendo a víctimas de la violencia y la violencia sexual; nuestro objetivo era asistir a miles de migrantes atrapados en condiciones precarias en refugios y asentamientos improvisados. Además de consultas médicas y psicológicas, organizamos actividades de promoción de la salud, ofrecimos apoyo social y distribuimos agua potable y kits de higiene.

En el segundo semestre, iniciamos una intervención de emergencia en la Ciudad de México centrada en la promoción de la salud, con el fin de ayudar a las instituciones a abordar las necesidades generadas por la enorme afluencia de migrantes, principalmente procedentes de Haití.

La emergencia de la COVID-19 no restringió las actividades de los numerosos grupos armados y bandas criminales que operan en el estado de Guerrero. A causa de la violencia en las comunidades, las personas siguen viéndose forzadas a desplazarse o, por el contrario, quedan confinadas sin poder moverse libremente. Nuestros equipos en Guerrero trabajaron para mejorar el acceso a los servicios básicos de salud en estas zonas: organizamos clínicas móviles para ofrecer atención médica y psicológica y apoyo social. En enero de 2021, ampliamos tales actividades para cubrir la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán.

Este artículo ofrece una visión general de nuestro trabajo en este país entre enero y diciembre de 2021; es un resumen que no puede considerarse exhaustivo. En 2021, contábamos con 199 profesionales* y gastamos 6,8 millones de euros en nuestras actividades médico-humanitarias. Trabajamos por primera vez en este país en 1985.

En 2021, MSF España era una de las secciones de MSF con actividades en el país. Si quieres conocer más en profundidad nuestro trabajo allí, consulta nuestro ‘Informe de Operaciones 2021’.

* La cifra de personal equivale al total de puestos a tiempo completo o FTE (del inglés full-time equivalent). Por ejemplo, dos personas a media jornada equivalen a un FTE.