Continúan los perversos ataques de las autoridades italianas a las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo

Condenamos enérgicamente la decisión de las autoridades judiciales italianas de solicitar la incautación del buque de búsqueda y rescate Aquarius por supuestas anomalías en la gestión de residuos. Es una medida desproporcionada e infundada, cuyo único objetivo es criminalizar aún más la acción médico-humanitaria para salvar vidas en el mar.

"Después de dos años de infundadas acusaciones difamatorias de connivencia con traficantes de personas, investigaciones judiciales y obstáculos burocráticos contra nuestra labor humanitaria, ahora nos acusan de formar parte de una organización criminal que tiene como objetivo el tráfico ilícito de residuos. Este último intento de las autoridades italianas para poner fin a cualquier coste a las operaciones humanitarias de búsqueda y rescate es perverso", afirma Karline Kleijer, nuestra coordinadora de Emergencias.

La solicitud de incautación el Aquarius y la orden de congelar algunas de nuestras cuentas bancarias se producen tras una larga investigación realizada por la Fiscalía de Catania acerca de la gestión de residuos en el Aquarius, principalmente restos de alimentos, la ropa de las personas rescatadas y deshechos derivados de las actividades médicas en el barco.

Sin embargo, las operaciones en el puerto, incluida la gestión de desechos, de nuestros buques de búsqueda y rescate de MSF siempre han seguido los procedimientos estándar. Las autoridades competentes no han cuestionado estos procedimientos ni han identificado ningún riesgo para la salud pública desde que  empezamos las operaciones de búsqueda y rescate en 2015.

Reiteramos nuestra plena voluntad de cooperar con las autoridades italianas, pero cuestionamos la reconstrucción de los hechos por parte de la Fiscalía de Catania y refutamos categóricamente las acusaciones de haber estado involucrada en actividades delictivas, tanto relacionadas con la gestión de residuos, como de cualquier tipo.

Tras evaluar el decreto de incautación y realizar análisis interno que muestra que las acusaciones del fiscal resultan inexactas y engañosas, presentaremos un recurso contra la petición de incautación ante el  tribunal competente.

"Estamos más que preparados para aclarar los hechos y somos responsables de los procedimientos operativos que seguimos, pero reafirmamos rotundamente la legitimidad y legalidad de nuestro trabajo humanitario", dice Gabriele Eminente, nuestro director general.

2.000 muertos en un año

“Este clima de repetidos ataques y acusaciones sin base nos ha llevado a los crímenes reales que se ven hoy en el mar: solo este año, más de 2.000 personas han muerto en el Mediterráneo. Mientras, otros continúan embarcándose en un peligroso viaje por mar sin la presencia de barcos de búsqueda y el rescate que puedan salvar sus vidas. Y los que sobreviven son devueltos a centros de detención en Libia en condiciones inhumanas y con un trato arbitrario, lo que constituye un completo desprecio del derecho internacional marítimo y del derecho de asilo y refugio", añade Eminente.

“Dos años de campañas de desprestigio contra las actividades de búsqueda y rescate, acusaciones públicas e infundadas de actividades delictivas y el cierre de puertos seguros han impedido el despliegue de ayuda humanitaria y de las operaciones de rescate por parte de barcos de cualquier tipo en el Mediterráneo central. El resultado es un aumento del sufrimiento humano, ya que la guardia costera libia –financiada con fondos europeos– devuelve cada vez más personas interceptadas en aguas internacionales a los centros de detención en Libia, contraviniendo el derecho internacional ", continúa Kleijer.

Con cinco barcos de búsqueda y rescate y tres años de operaciones en el mar, hemos rescatado y asistido a más de 80.000 personas en coordinación con las autoridades marítimas y en total cumplimiento con las leyes nacionales e internacionales. El Aquarius ahora se encuentra paralizado en Marsella tras serle retirada la bandera en dos ocasiones en dos meses como resultado de una presión política concertada.