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28.04.2021

Vacunas COVID-19: un abismo de desigualdad

El acaparamiento de vacunas de la COVID-19 por los países ricos y las barreras de las patentes agravan los problemas de acceso de los países en desarrollo. La suspensión temporal de la propiedad intelectual permitiría incrementar la fabricación de vacunas y superar el cuello de botella, en este momento de enormes tensiones entre la oferta y la demanda de un bien público global.

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Por Guillermo Algar, Servicio de Medios, y Ariane Basaguren, Servicio Digital

A Din Savorn le diagnosticaron la hepatitis C en 1999. Cuando, años después, se desarrolló un nuevo tratamiento revolucionario (y de precio desorbitado), Din se enfrentó a una difícil decisión: vender su casa en la capital de Camboya y dejar a su familia sin hogar, o esperar a que los nuevos medicamentos bajaran de precio, con el riesgo para su vida que este retraso suponía.

Finalmente, Din recibió tratamiento gratuito con los nuevos fármacos en una clínica de Médicos Sin Fronteras. Din tuvo suerte, pero muchas otras personas que tienen hepatitis C no pueden acceder a un medicamento que, cuando salió al mercado en Estados Unidos, era conocido como “la pastilla de los 1.000 dólares” (828 euros).

Ejemplos como este o el de los antirretrovirales para el VIH en su día o, más recientemente, los tratamientos contra el cáncer, han mostrado cómo las patentes rodean al medicamento como un muro, sin permitir que nadie más lo fabrique. Y este muro tiene fatales efectos, también en las naciones más ricas. Incluso en una situación sin precedentes como la actual, se siguen haciendo negocios como de costumbre.

 

Cuanto más dinero, más vacunas

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia, se han dado varios casos en los que la propiedad intelectual ha obstaculizado la fabricación y suministro de diagnósticos y equipos de protección. Sin embargo, la aprobación de las primeras vacunas contra el coronavirus ha “desnudado al emperador” ante los ojos de todos.

Hay una evidente falta de concordancia entre la capacidad de fabricación y la demanda global de vacunas. Los países con más capacidad de negociación (y de pago) han acaparado dosis hasta cantidades que permitirían vacunar entre tres y cinco veces a su población. Esto ha venido a reducir el de por sí pequeño “pastel de las vacunas” y a generar una mayor desigualdad.

En 2021, la industria espera producir entre 10.000 y 14.000 millones de dosis de vacunas; más de dos tercios ya han sido reclamadas por los países ricos y de renta media, según un informe de las propias farmacéuticas y de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias.

Los riesgos ante lo que se ha venido a llamar “apartheid de las vacunas” son varios, desde que se sigan perdiendo vidas a que la pandemia se prolongue o surjan nuevas variantes del virus. Según una proyección de la Universidad del Noreste, en Boston, si los primeros 2.000 millones de dosis de vacunas se distribuyeran en proporción a la población de cada país, la mortalidad mundial podría reducirse en un 61%. En cambio, si los 47 países más ricos acaparan las dosis, la reducción será solo del 33%.

 

 

Un esfuerzo público sin condiciones

A acortar de forma decisiva los tiempos de desarrollo de las vacunas contribuyó el enorme esfuerzo público: más de 8.000 millones de euros destinados a investigación y desarrollo, ensayos clínicos y fabricación de seis vacunas candidatas. Sin embargo, esa inversión pública no ha venido acompañada de condiciones para las empresas.

La mayoría de las farmacéuticas han reconocido que no tienen planes de transferir su tecnología. La OMS creó en mayo de 2021 el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (conocido como C-TAP), donde las empresas pueden compartir datos y patentes y permitir así que haya más producción, particularmente en los países en desarrollo. Ninguna de las empresas más adelantadas en materia de vacunas anti-COVID se ha sumado a este mecanismo.

Muchas naciones pobres dependen de COVAX, el Fondo de Acceso Global para Vacunas de COVID-19. COVAX ha anunciado que el 3,3% de la población de los países participantes habrá recibido la vacuna en junio de 2021. Mientras tanto, algunos países ricos han declarado que su meta es alcanzar la inmunidad de grupo de aquí al verano y para ello planifican la vacunación de población de bajo riesgo. Esto hace que COVAX compita en un mercado sujeto a enormes tensiones.

“Por eso pedimos a los Gobiernos de las naciones ricas que ya han inmunizado a su personal sanitario de primera línea y a los grupos de alto riesgo que ayuden a los países de ingresos bajos y medios compartiendo sus suministros de vacunas con COVAX”, explica Miriam Alía, responsable de Vacunación de MSF.

También hemos reclamado a las farmacéuticas que no cierren más acuerdos bilaterales como los que están sobreabasteciendo a las naciones ricas y que, en lugar de eso, prioricen el suministro de vacunas a COVAX o negocien acuerdos con los países que aún no han podido vacunar a su personal sanitario ni a sus grupos de alto riesgo.

 

Suspensión de las patentes

También hay movimientos para el medio y largo plazo. Desde octubre, en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se viene discutiendo una propuesta para la exención de la propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de la COVID-19 hasta que se alcance la inmunidad de grupo mundial. De salir adelante, la suspensión temporal de las patentes daría entrada a más fabricantes y permitiría superar el cuello de botella causado por la limitada producción actual de vacunas.

El tiempo corre para que personal sanitario y grupos de riesgo reciban las vacunas al mismo tiempo en todo el mundo. De lo contrario, los abismos de desigualdad que la reacción de los países con ingresos altos ha venido a agrandar tendrán trágicas e imperdonables consecuencias.

Sin patentes en pandemia

El esfuerzo público

La financiación de las vacunas candidatas ha sido en gran parte pública, procedente de fondos de Estados (es decir, de los contribuyentes), universidades y otras entidades sin ánimo de lucro. Entonces, ¿por qué aceptar beneficios privados abusivos?

 

Estos son los fondos públicos recibidos por las farmacéuticas*:

  • GlaxoSmithKline y Sanofi Pasteur: 1.740 millones de euros
  • Novavax: 1.740 millones de euros
  • AstraZeneca y la Universidad de Oxford: 1.400 millones de euros
  • Johnson & Johnson y Biological E: 1.250 millones de euros
  • Moderna: 800 millones de euros
  • Pfizer y BioNTech: 370 millones de euros

 

*Fuente: The Lancet.