El pacto migratorio entre Italia y Albania supone un nuevo ataque contra el derecho de asilo de miles de personas

El acuerdo firmado entre Italia y Albania el 6 de noviembre va un paso más allá de los acuerdos de externalización de fronteras que el Gobierno italiano o las instituciones europeas han firmado en los últimos años con Turquía, Libia y Túnez. El objetivo ya no es solo desalentar las salidas, sino impedir activamente que las personas que huyen y las rescatadas en el mar accedan de forma segura y rápida a territorio europeo, eludiendo así las obligaciones de protección y salvamento consagradas en el derecho internacional y en los convenios europeos.

La denegación de acceso a suelo italiano, la tramitación extraterritorial de las solicitudes de asilo, la aplicación de procedimientos fronterizos acelerados y la detención de personas en un tercer país representan un nuevo ataque al derecho de asilo. Estas iniciativas no hacen sino reproducir políticas de contención y disuasión que han demostrado ser ineficaces a largo plazo y que, al mismo tiempo, aumentan el sufrimiento y la desesperación de miles de personas. ​

Todos los intentos anteriores de experimentar con soluciones extraterritoriales han resultado infructuosos. En particular, MSF ya hemos observado directamente las consecuencias de las políticas de detención extraterritorial implementadas durante un largo período de tiempo por el gobierno australiano: entre 2017 y 2018, nuestros equipos ofrecieron más de 1.500 consultas psicológicas a refugiados y solicitantes de asilo reubicados forzosamente en la isla de Nauru, y constataron un grave sufrimiento mental. Ante una propuesta similar realizada en 2022 por el Gobierno británico de acuerdo con Ruanda, y posteriormente declarada ilegal por el Tribunal de Apelación, MSF habíamos expresado nuestra “preocupación por la determinación punitiva y dañina” que mostraban las autoridades británicas.

A la espera de conocer los detalles del acuerdo firmado por Italia, nos preocupan las complejidades logísticas y organizativas que entraña el traslado de los supervivientes por mar a Albania. En concreto, el complicado proceso de identificar y hacerse cargo de las personas con complicaciones médicas específicas corre el riesgo de no llevarse a cabo o, en cualquier caso, de no hacerse de una forma adecuada.

Además, el hecho de que se pretenda asignar puertos lejanos a la zona donde se producen los rescates para los buques de la Guardia Costera y de la Marina, como ya viene ocurriendo habitualmente para los barcos de rescate de las ONG, conllevará mayores restricciones a la capacidad de llevar a cabo rescates en el mar y riesgos para la salud física y mental de las personas a bordo.

MSF instamos una vez más a las autoridades italianas y europeas a centrarse en soluciones más humanas y valientes para reducir las muertes en el mar y en ofrecer una acogida digna y solidaria a quienes buscan protección en Europa.