Exigimos en el Congreso de los Diputados la protección de los civiles, el personal sanitario y los hospitales en las guerras

Médicos Sin Fronteras hemos pedido hoy, lunes 17 de junio de 2024, al Congreso de los Diputados más compromiso y un mayor liderazgo internacional para acabar con los ataques a ​ los hospitales, al personal sanitario y a los civiles atrapados en los conflictos armados.

“Los hospitales han dejado de ser lugares seguros en muchos conflictos, y el personal médico y los pacientes han sido desprovistos del Derecho Internacional Humanitario, que sigue siendo la expresión más clara de nuestro acuerdo global para proteger a la humanidad ante el monstruo de la guerra”, ha afirmado nuestra directora general, Marta Cañas, durante jornada ‘La acción humanitaria y la protección a la misión médica: un compromiso parlamentario’.

Los ataques contra las instalaciones médicas y sanitarias ya sean deliberados o indiscriminados, privan a las poblaciones de estos servicios cuando más los necesitan, aumentando las posibilidades de brotes de enfermedades infecciosas -que pueden derivar en epidemias- e incrementan los riesgos para los pacientes crónicos. ​

En lo que va de año, se han registrado al menos 520 ataques a la misión médica, según la Organización Mundial de la Salud. En Gaza, este organismo “ha reportado más de 400 ataques contra el personal sanitario, instalaciones médicas y ambulancias desde el 7 de octubre de 2023. La mitad de los hospitales de Gaza están inoperativos”, ha explicado nuestra directora general en el hemiciclo donde, tras su intervención, se ha escuchado una grabación con sonidos de bombardeos como los que se suceden día a día en la Franja, para exigir una vez más a un alto el fuego inmediato y duradero en Gaza.

Los hospitales deberían ser el último reducto de humanidad en las guerras. Lamentablemente, el listado de lugares -Camerún, Siria, Yemen, Sudán, entre otros- donde esto no se cumple es dolorosamente largo. “La población sudanesa está sufriendo enormemente debido a los intensos combates y a que el sistema de salud y los servicios básicos han colapsado o han sido dañados por ambas partes. Solo entre el 20 y el 30% de los centros de salud siguen funcionando en Sudán”, ha contado nuestro coordinador médico, José Sánchez, en videoconferencia desde ese país.

Sudán está experimentando una de las mayores crisis de desplazados del mundo. Más de 9,2 millones de personas han tenido que huir de sus hogares, de estas, más de 7,1 millones están desplazadas dentro del país.

La 2286, más necesaria que nunca

La Resolución 2286 de Naciones Unidas, que afirma y amplía las protecciones a la misión médica en tiempos de conflicto, se aprobó en 2016 con un amplio respaldo de los Estados miembros de la ONU. No obstante, los ataques a instalaciones médicas no han cesado. Además, durante los últimos años, se viene observando un claro aumento de ataques durante actividades que se realizan fuera de los centros de salud, como el desempeño de clínicas móviles, el traslado de pacientes en ambulancia y las dinámicas de promoción de la salud, entre otras.

“La OMS ha reconocido las actividades externas a las estructuras hospitalarias y los centros de salud como un pilar básico para la mejora del acceso a la salud. Sin embargo, es precisamente durante éstas cuando el personal está siendo atacado o detenido de forma deliberada. Es momento para que la Resolución 2286 dé una respuesta más contundente a este tipo de violencia contra el personal humanitario”, ha exigido nuestra directora general.
 

Criminalización de la población

La jornada ha contado también con Ruth Conde, una de nuestras enfermeras pediátricas y que ha trabajado en Gaza durante esta última crisis. “Algo tan natural como ser madre se ha convertido en un infierno en Gaza, por falta de un lugar seguro, por falta de material médico, por falta de lo más básico. Es necesaria la entrada de ayuda humanitaria y que se permita a los trabajadores sanitarios desarrollar su labor para poder paliar este sufrimiento”, ha pedido ante las innumerables complicaciones y trabas administrativas con las que se topa la entrada de ayuda a la Franja.

En muchos de los contextos donde trabaja MSF, la organización está siendo testigo de cómo leyes y políticas antiterroristas criminalizan a las poblaciones y limitan la asistencia humanitaria en zonas de violencia extrema. Es decir, donde más se necesita. Bajo esas leyes, los estados designan la totalidad de grandes áreas controladas por grupos terroristas o milicias insurgentes como hostiles y a la totalidad de su población como objetivo militar. Solamente importan las zonas designadas como objetivos, no las personas que las habitan.

“Bajo la premisa del ‘todos son terroristas’, las organizaciones humanitarias vemos coartado nuestro acceso a esas zonas. Gran parte de la población civil se ve desplazada y despojada tanto de sus bienes como de sus derechos más básicos. Y es justamente a estas personas a las que dichas leyes no nos permiten llegar ni atender. Lo vemos en Níger, Nigeria, Burkina Faso”, ha explicado Marta Cañas. ​

Un compromiso del Gobierno con la ayuda humanitaria

La implementación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad Global, y la Estrategia de Diplomacia Humanitaria suponen una oportunidad para el Gobierno de España de reforzar los mecanismos y los esfuerzos diplomáticos para mejorar la protección tanto de la misión médica, como el acceso y protección a las poblaciones. “Esperamos que el VI Plan Director de la Cooperación Española, actualmente en proceso, incorpore el compromiso con estos elementos de manera clara”, ha dicho Cañas.

Médicos Sin Fronteras instamos al gobierno español, y concretamente al Congreso de los Diputados, al refuerzo de las siguientes recomendaciones, en línea con la Estrategia Española de Diplomacia Humanitaria 2023 - 2026:

• Asegurar el acceso a poblaciones en crisis y la creación de un marco seguro sin restricciones ni condicionantes para el ejercicio de la acción humanitaria independiente, bajo la promoción del respecto al DIH, que establece distinciones claras entre civiles y combatientes, y respetando los marcos legales de protección establecidos en la Convención de Ginebra.
• Promover que las leyes antiterroristas excluyan de su ámbito de aplicación las actividades que sean estrictamente humanitarias e imparciales, porque menoscaba de forma directa el acceso, la protección y la asistencia a las personas afectadas por conflictos armados.
• Garantizar la salvaguarda de las exenciones de carácter humanitario, evitando que las sanciones perjudiquen la capacidad operativa asistencial de los actores humanitarios.
• Preservar la inviolabilidad y la protección de la atención médica y humanitaria, garantizando el acceso del personal sanitario y permitiéndose la entrada rápida y sin trabas de ayuda humanitaria a las zonas donde se necesite
• Aunar esfuerzos a nivel internacional para garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones 2573 (2021), que garantiza el respeto del DIH, y 2286 (2016) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y para que se den esfuerzos significativos en el impulso de medidas específicas para ello.
• Incorporar medidas para proteger, incluyendo indemnizaciones por parte del Estado, a trabajadores humanitarios que fallezcan o sufran secuestros que provoquen daños físicos o psicológicos que condicionen la vuelta a su actividad laboral.

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