La cooperación europea alimenta los ataques contra los rescates humanitarios

El 24 de agosto, lo que las ONG de búsqueda y rescate llevaban años advirtiendo se convirtió en una violenta realidad: una lancha patrullera de la Guardia Costera libia abrió fuego sin previo aviso contra el Ocean Viking, un barco de rescate humanitario operado por SOS MEDITERRANEE en colaboración con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). A bordo se encontraban 87 supervivientes, que acababan de ser rescatados de una situación de peligro en el mar, y 34 miembros de la tripulación.

Los agresores iban a bordo de una lancha patrullera identificada como HOUN PB 664, una embarcación de la clase Corrubia donada por Italia a través de un programa de gestión de la migración financiado por la UE. Este incidente no fue un percance aislado, sino el punto álgido de una serie de actos violentos que se han venido produciendo durante años y que los Gobiernos europeos han permitido e ignorado.

Solo en 2023, SOS MEDITERRANEE documentó tres incidentes de seguridad distintos en los que participaron patrulleras de la Guardia Costera libia donadas por Italia. En 2024, las ONG de búsqueda y rescate registraron ocho incidentes en los que embarcaciones de la Guardia Costera libia amenazaron o dispararon contra sus buques. Hasta la fecha, seis organizaciones de rescate diferentes han sido objeto de ataques, incluido la agresión al buque de rescate Sea-Watch 5 el 26 de septiembre por parte de la embarcación Ubari de la Guardia Costera libia. Las siete embarcaciones de la Guardia Costera libia implicadas en esos incidentes violentos han sido donadas por Italia en nombre de la Unión Europea.

Complicidad y escalada

Este asalto, que representa el cruce de una línea roja, también es una llamada de atención tanto sobre la brutalidad imprudente de la Guardia Costera libia como sobre la responsabilidad de la Unión Europea e Italia, que han equipado, entrenado y armado sistemáticamente a estas fuerzas en nombre del control de la migración. Desde el Memorando de Entendimiento entre Italia y Libia de 2017, cuyo objetivo era: “proteger las fronteras nacionales, eliminar la migración irregular y la trata de personas, y reforzar la cooperación en materia de desarrollo”, se han entregado al menos 36 embarcaciones a lo que, en la práctica, es una coalición informal de milicias, conocidas por su violencia contra las personas migrantes y su complicidad en el mar y en tierra.

El informe de la misión de investigación de las Naciones Unidas sobre Libia en 2023 concluyó que se cometieron crímenes contra la humanidad “en relación con las interceptaciones marítimas, las devoluciones y los retornos”, mientras que los datos oficiales muestran un aumento de estos retornos forzados a Libia: el 50 % de las personas que intentaron huir fueron interceptadas por la Guardia Costera libia y devueltas por la fuerza en 2019, frente al 12% en 2017. En 2024, una de cada tres personas que intentaban huir de Libia fue interceptada. La detención, la tortura, la extorsión y la violencia sexual son ahora habituales en Libia, lo que conforma una lucrativa economía de explotación alimentada por las decisiones políticas europeas.

Ha quedado dolorosamente claro que la estrategia de la UE de externalizar la gestión de las fronteras a Libia no solo no protege vidas, sino que favorece de forma activa a los actores armados que violan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y marítimo. Los buques de la Guardia Costera libia entregados por Italia en nombre de la UE, incluidas las lanchas patrulleras de la clase Corrubia, son buques de guerra diseñados para la defensa costera y capaces de realizar ataques rápidos. Aunque se suministran sin soportes para armas, el Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Libia ha señalado que estas embarcaciones suelen armarse fácilmente tras su entrega. Al haber sido construidas para uso militar, las embarcaciones se consideran material de guerra.

En 2022, el Grupo de Expertos consideró que la donación italiana de dos Corrubias en 2018 constituía una violación del embargo de armas de las Naciones Unidas. En julio de 2024, nueve ONG escribieron al Consejo de Seguridad advirtiendo de que las entregas de 2023 también podrían infringir el embargo. No obstante, el informe del Grupo de la ONU de diciembre de 2024 revirtió de forma controvertida las conclusiones anteriores, concluyendo que las Corrubias, si se desmilitarizan, son “material militar no letal” y, por lo tanto, están exentas del embargo, alineándose con la posición de Italia y la UE.

Un sistema que alimenta la explotación

Ataques como este no solo amenazan las operaciones de rescate, sino que contribuyen a atrapar a las personas que se desplazan en un ciclo implacable de abusos. Bajo el liderazgo de la autoorganización Refugiados en Libia, una amplia gama de actores de la sociedad civil se ha unido este año para exigir la suspensión del Memorando de Entendimiento entre Italia y Libia que sustenta este perverso sistema. Las organizaciones firmantes nos hemos sumado a su llamamiento.

Los líderes políticos de la Unión Europea e Italia deben rendir cuentas por la violencia ejercida por sus socios en el mar. Como mínimo, debe suspenderse inmediatamente todo el apoyo europeo a la Guardia Costera libia y poner fin a los ataques y el acoso a los trabajadores humanitarios, tal y como han solicitado 42 organizaciones de la sociedad civil en una carta abierta a la Comisión Europea a principios de este mes. A falta de medidas concretas —incluida la reforma o la derogación del acuerdo de Italia con Libia antes de su renovación automática en febrero de 2026—, la UE debería reevaluar, suspender o poner fin urgentemente a toda cooperación en materia de migración con regímenes que no respeten los derechos humanos fundamentales.