Vacunas de la COVID-19: recomendaciones para un acceso equitativo
Un año después del inicio de la pandemia, nos enfrentamos a una enorme desigualdad de vacunas en todo el mundo, con solo el 0,2% de todas las vacunas destinadas a países de bajos ingresos. Debemos luchar en favor de la equidad, el compromiso, la solidaridad mundial y la transparencia. Porque las medicinas no deberían ser un lujo. Son un derecho. De todas y todos.
Estamos en un momento de movilización sin precedentes para hacer frente a la COVID-19. Durante el último año, los gobiernos y las organizaciones filantrópicas han contribuido con miles de millones de euros a la investigación y al desarrollo de las vacunas de la COVID-19.
Los jefes de estado han hablado de convertir las vacunas en “bienes públicos globales”, y se lanzó el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (más conocido como COVAX, por sus siglas en inglés) con la misión de distribuir vacunas COVID-19 de manera equitativa en todo el mundo.
Pero, un año después, nos enfrentamos a una enorme desigualdad de vacunas en todo el mundo, con solo el 0,2% de todas las vacunas destinadas a países de bajos ingresos.
Estas son nuestras recomendaciones para ayudar a garantizar que las vacunas de la COVID-19 sean accesibles para todas las personas, estén donde estén.
Necesitamos solidaridad mundial para hacer frente a esta pandemia, y no podemos tener dos sistemas de distribución de vacunas: uno para los países que pueden pagarlas y otro para aquellos que no pueden.
Millones de personas en países de ingresos bajos y medianos se han quedado atrás. Si bien varios países han comenzado a vacunar a grupos de bajo riesgo, los trabajadores de la salud en muchos de los lugares donde trabajamos están en gran medida desprotegidos. Los países con dosis suficientes deben comenzar a transferir vacunas a COVAX lo antes posible.
Los gobiernos deben exigir a las farmacéuticas que se comprometan a vender las vacunas COVID-19 a precio de coste. Las corporaciones farmacéuticas no deberían sacar provecho de esta pandemia, a expensas de millones de personas que se están quedando atrás debido a que las vacunas son demasiado caras y no están disponibles.
Por ejemplo, AstraZeneca dijo que vendería su vacuna a precio de coste, pero países como Sudáfrica y Uganda están pagando más por ella que la UE.
Los gobiernos que aportan fondos públicos para desarrollar vacunas de la COVID-19 deben exigir a las corporaciones farmacéuticas que abran sus libros y muestren al público todos los costes de investigación, desarrollo y producción. El público ha pagado el desarrollo de las vacunas de la COVID-19 a través de sus impuestos y, por lo tanto, merece transparencia sobre cómo se utiliza el dinero público.
El dinero público no debe entregarse a la industria farmacéutica sin condiciones. Tomemos, por ejemplo, la financiación pública del gobierno de EE. UU. a seis corporaciones farmacéuticas para desarrollar y producir vacunas COVID-19. Moderna, que recibió casi 2.000 millones de euros en fondos de los contribuyentes y ha producido una vacuna exitosa, aún no ha suministrado esta vacuna al COVAX.
Al inicio de la pandemia, varios jefes de estado se refirieron a las vacunas de la COVID-19 como "bienes públicos mundiales" o la "vacuna del pueblo". Pero, hasta ahora, los gobiernos y las empresas no han cumplido con esta afirmación. Las empresas farmacéuticas han conservado los derechos de propiedad intelectual y han acumulado la tecnología para fabricar estas vacunas, lo que ha provocado una enorme desigualdad en las vacunas.
Las farmacéuticas por sí solas no debería decidir quién tiene acceso a las vacunas de la COVID-19.
