La cruel espera en México de los solicitantes de asilo, en medio de la violencia extrema

Advertimos que la política migratoria de EE. UU. pone en peligro la vida de los solicitantes de asilo en el estado de Tamaulipas. Les fuerza a esperar en ciudades donde reinan el secuestro, la extorsión, el robo a mano armada y la violencia sexual.

MSF
12/09/2019

El Protocolo de Protección a Migrantes (MPP) del gobierno de Estados Unidos y la falta de asistencia humanitaria del gobierno de México ponen en peligro la vida de los solicitantes de asilo en el estado de Tamaulipas.

Y es que el MPP obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesan sus casos, quedándose en ciudades como Matamoros, donde la infraestructura deficiente y los altos niveles de violencia, incluidos el secuestro, la extorsión, el robo a mano armada y la violencia sexual, ponen en riesgo su salud y sus vidas.

“Es inaceptable que personas vulnerables, mujeres, niños, familias y hombres sean forzados a vivir en condiciones de riesgo debido a la violencia de las redes criminales y también al trato inhumano al que son sometidos por parte de México y Estados Unidos”, advierte el doctor Marcelo Fernández, nuestro coordinador general en México.      

Esta política migratoria enfrenta a los solicitantes de asilo a secuestros, extorsiones, asaltos armados y violencia sexual, sin ningún tipo de protección. Sumado a esto, ciudades como Matamoros no están preparadas para recibirlos debido a la falta de albergues y condiciones salubres, agua potable, drenaje y atención en salud.

Desde que el MPP se implementó en Matamoros, en agosto de 2019, hemos sido testigos del retorno obligado de 100 solicitantes de asilo al día, y de la falta de infraestructura para recibirlos. Algunos pasan la noche a la intemperie en tiendas de campaña, expuestos a los contextos de violencia que desencadenan los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, que se disputan el control de actividades criminales en la ciudad.

Actualmente, ofrecemos asistencia médica y psicosocial a migrantes y refugiados en varios albergues -saturados- de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, considerado uno de los estados con niveles de peligrosidad más altos de México, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Desde que denunciamos, a comienzos de julio, que Tamaulipas no es un lugar de recepción seguro para quienes solicitan asilo en EE. UU., la situación no ha cambiado. Al contrario, ha empeorado al incluir a Matamoros, como uno de los puntos de recepción para estas personas.

“Me regresaron a Matamoros con mi hija y las autoridades mexicanas no me dieron ningún tipo de información sobre los albergues, o sobre dónde podría pasar la noche. No sabía dónde ir. No conozco este lugar, pero sé que es peligroso”, dice Mónica*, solicitante de asilo originaria de Honduras y nuestra paciente.

Además del alto grado de vulnerabilidad al que están siendo expuestas estas personas, nos preocupa también que una de las medidas más recientes que el gobierno de México ha comenzado a implementar es el traslado de estos de grupos de solicitantes de asilo hacia el sur del país. Esto pone de nuevo en peligro sus vidas, porque obliga a las personas a volver a su punto de partida, condenándolas a reiniciar sus trayectos hacia el norte, por rutas altamente peligrosas.

Entre junio de 2018 y junio de 2019, el 45% de nuestros 2.315 pacientes de salud mental (migrantes, solicitantes de asilo, refugiados o retornados) atendidos en Reynosa y Matamoros manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia durante la ruta migratoria. De ese 45%, el 33% aseguró haber sido agredido físicamente y el 19% sufrió violencia sexual.

Pedimos de nuevo a los gobiernos de México y Estados Unidos a frenar la ejecución de políticas migratorias que ponen en riesgo la vida de las personas y a implementar medidas que protejan y garanticen la asistencia humanitaria, para encarar las consecuencias que incrementan el sufrimiento de miles de personas que huyen de sus países y, como hemos sido testigos, pone en riesgo deliberadamente la vida de seres humanos vulnerables.