Las presiones de EEUU en forma de disposiciones de propiedad intelectual no hacen más que aumentar las barreras a la producción de medicamentos de calidad a bajo precio. MSF insta a los ministros de comercio a cumplir con su obligación de garantizar a sus poblaciones el acceso a medicamentos asequibles y evitar que la salud se negocie al mismo nivel que cualquier bien comercial. Para ello, las disposiciones de propiedad intelectual que afectan el acceso a medicamentos deben ser totalmente excluidas del TLC. 

El capítulo de propiedad intelectual que se está negociando en Cartagena va más allá de lo establecido en acuerdos internacionales ya firmados. MSF considera que los acuerdos de Doha del año 2001, donde los mismos países andinos y EEUU antepusieron la protección de la salud pública a los intereses comerciales, deben ser el techo y no el piso de las negociaciones del capítulo sobre propiedad intelectual. 

La competencia provocada por la comercialización de los medicamentos genéricos ha demostrado ser el mecanismo más eficaz en los últimos años para reducir el precio de los medicamentos originales. Demorar la producción de genéricos durante 5 o incluso 3 años con medidas tan peligrosas como la protección de datos de prueba farmacéuticos, imprescindibles para aprobar la comercialización de un nuevo medicamento en un país, pueden resultar fatales. “Cuando mi hijo enfermó gastábamos 400 dólares al mes en tratamientos para enfermedades oportunistas. Dos meses antes de fallecer, empezó a tomar antirretrovirales pero como estaba muy mal, falleció. La gente debería tener su tratamiento cuando lo necesita, no un año después cuando ya es demasiado tarde”, afirmó la madre de un paciente de MSF en Ecuador, fallecido por VIH/SIDA.

Al igual que en negociaciones anteriores (p.e. CAFTA) el gobierno de EEUU está presionando para que las autoridades reguladoras de medicamentos se conviertan en una especie de “policía de patentes”, atribuyéndoles abusivamente un rol que no les compete. MSF considera que éstas y otras medidas como la protección a medicamentos ya conocidos o la extensión de patentes por demora son extremadamente preocupantes y no tienen más utilidad que la de proteger los intereses comerciales de las compañías farmacéuticas multinacionales por encima de la salud de las poblaciones andinas. 

La población de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia no podrá entender que sea un requisito inapelable ceder su acceso a los medicamentos y a la salud a cambio de otros intereses comerciales. La VII Ronda de negociación del TLC en Cartagena debe ser el escenario de un compromiso para que la salud no se negocie a ningún precio. Los medicamentos no pueden ser un lujo.