Mozambique: “Este conflicto parece no tener fin”

Tras una serie de ataques perpetrados por un grupo armado no estatal, la provincia septentrional de Cabo Delgado, en Mozambique, está sufriendo la mayor ola de desplazamientos desde febrero de 2024. Las cifras oficiales estiman que más de 50.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares. Familias enteras, incluyendo niños pequeños, mujeres embarazadas y personas mayores con enfermedades crónicas, han huido aterrorizadas, caminando durante días para refugiarse en campos improvisados en condiciones extremadamente precarias en la localidad de Chiure, sin saber qué les depara el futuro.

Para ayudar a cubrir las necesidades más urgentes, Médicos Sin Fronteras (MSF) hemos puesto en marcha una respuesta de emergencia en dos centros de reasentamiento temporal. MSF llevamos a cabo un llamamiento urgente para que se coordinen y mantengan los esfuerzos humanitarios en los lugares que se enfrentan a un aumento de las necesidades debido a los últimos desplazamientos.

Cabo Delgado: una crisis invisible 

Atrapadas entre el conflicto y los desastres naturales, comunidades enteras de Cabo Delgado han sufrido desplazamientos reiterados y traumas continuos por la pérdida de sus hogares y medios de vida. Tanto las familias desplazadas como las comunidades de acogida luchan por sobrevivir. Si no se toman medidas de inmediato, existe el riesgo de que se produzca una catástrofe humanitaria aún mayor.

“Esta crisis no puede seguir siendo invisible”, reclama Sebastian Traficante, coordinador general de MSF en Mozambique. “No se debe normalizar el impacto de la violencia. Más vidas estarán en peligro y la salud y la dignidad de miles de personas seguirán deteriorándose. La población necesita un compromiso humanitario coordinado y a largo plazo que garantice el acceso a la atención sanitaria y a los servicios básicos para todos”, añade Sebastian.

El prolongado conflicto en Cabo Delgado ha dejado un rastro de heridas invisibles. Muchos temen por sus vidas si permanecen en sus hogares, pero se enfrentan a enormes dificultades para ver cubiertas sus necesidades básicas, como alimentos, refugio y atención médica, si huyen. Esta crisis se está desarrollando en un contexto ya de por sí extremadamente frágil. De los 16 centros de salud de la zona, solo funcionan seis; el resto han sido destruidos por fenómenos meteorológicos extremos, como el ciclón Chido, que azotó la provincia en diciembre de 2024, o por el conflicto armado.

“Cuando se produjo el ataque, estaba preparando mi cosecha para venderla”, cuenta Rosalina Maciel, que viene de la aldea de Ocua y huyó tras los ataques que arrasaron la región. “Entonces oímos disparos y todo el mundo empezó a correr. Ahora, toda mi aldea ha desaparecido, todo es cenizas. Estamos registrados aquí [en el campo de reasentamiento], pero aún no hemos recibido comida. Me duele todo el cuerpo de dormir en el suelo, esperando. En cuanto consiga comida, volveré a mi machamba [pequeño huerto]. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Este conflicto parece no tener fin”.

La experiencia de Rosalina es similar a la de miles de personas desarraigadas por el reciente recrudecimiento de la violencia en el sur de Cabo Delgado. Nuestros equipos han constatado que los síntomas más comunes entre los adultos residentes en los centros temporales son la ansiedad y el hambre. Al igual que Rosalina, la gente teme por su futuro incierto, por la incertidumbre sobre cuánto tiempo permanecerán en los centros de reasentamiento, adónde los trasladarán o qué comerán.

Los recortes amenazan la capacidad de respuesta humanitaria

Las organizaciones que responden a las necesidades médicas en esta emergencia han utilizado sus fondos restantes para apoyar al Ministerio de Salud y prestar asistencia. Sin embargo, debido a los recientes recortes en la financiación internacional, su presencia se ha visto limitada y se prevé que sus intervenciones concluyan en agosto. Este apoyo era crucial.  MSF fue una de las primeras organizaciones médicas en desplegar personal en Chiure, donde puso en marcha una intervención de emergencia el 31 de julio en los barrios de Namicir y Micone.

En coordinación con el Ministerio de Salud, los equipos de MSF prestan apoyo a dos campos de tránsito para personas desplazadas con atención sanitaria primaria, servicios de salud mental y recursos de agua y saneamiento, medidas que son vitales para prevenir la propagación de enfermedades en refugios improvisados y superpoblados. Miles de familias desplazadas recientemente por la violencia están llegando en condiciones precarias y necesitan urgentemente alimentos, refugio y atención médica. En un momento en que la ayuda humanitaria se encuentra bajo una gran presión, MSF  mantenemos nuestra presencia para proporcionar apoyo vital a las personas más afectadas.

En los primeros 15 días de la respuesta de emergencia, MSF llevamos a cabo 4.509 consultas médicas a adultos y niños, identificamos 31 casos de desnutrición, tratamos a 380 niños con malaria, facilitamos actividades grupales de salud mental que llegaron a más de 4.000 personas y garantizamos el suministro de 600.000 litros de agua potable. Los equipos de salud sexual y reproductiva realizaron 397 consultas prenatales, incluidas 281 primeras revisiones, lo que pone de relieve el acceso limitado a los servicios de salud en estas comunidades.

“Gracias a nuestra independencia financiera y operativa, MSF sigue presente y en condiciones de proporcionar atención médica de emergencia, apoyo en salud mental y otros servicios esenciales”, afirma Sebastián. “Pero la magnitud de la crisis supera con creces lo que cualquier organización puede abordar por sí sola, ya que la violencia y los desplazamientos elevan las necesidades a niveles sin precedentes”, concluye.